Como ocurre en todo inicio de una nueva administración o un nuevo gobierno, una de las primeras tareas es ordenar la casa y tratar de componer todos aquellos aspectos que causen desorden o que impidan que se avance con el rumbo previsto.

En el caso del rumbo de un país, la tarea no solo representa inmensos desafíos, por el tamaño o complejidad de los temas, algunos de ellos históricamente relegados, sino porque muchas situaciones pueden ser producto de decisiones que, ya sea por desconocimiento o por responder a intereses espurios, ponen en riesgo el prestigio y resultados de una gestión gubernamental.

A ocho días de que el gabinete de Alejandro Giammattei tome el control del Organismo Ejecutivo, las nuevas autoridades tendrán, entre otros temas, que lidiar con las decisiones tomadas a última hora por el gobierno saliente, como el caso de la errática actuación de la Cancillería guatemalteca que, mediante un acuerdo ministerial realizado a finales de diciembre, determinó que el personal administrativo y diplomático designado por la actual administración no podrá ser removido por los funcionarios electos hasta después de un año.

La canciller Sandra Jovel justificó ayer su decisión al decir que la medida responde a corregir un problema de la actual Ley de Servicio Diplomático que, según su interpretación, no determina cuánto tiempo deben estar los funcionarios en el servicio exterior, el cual debería de ser ordenado de manera integral y no con parches que más bien causan dudas.

Aunque podría resultar lógico que un gobierno nombre, para algunos puestos, a gente de su entera confianza y línea de pensamiento, las dudas sobre el verdadero propósito del acuerdo toman fuerza cuando se ve el contexto, y se conocen, a través de filtraciones a los medios de comunicación y no de una información frontal, los recientes nombramientos de personas allegadas al actual oficialismo, incluidos personajes cuya experiencia en diplomacia suscita suspicacias o tienen pasados cuestionables, u otros que, como los hechos lo indican, han sido férreos detractores de los críticos del actual gobierno.

No se puede pasar por alto que todo esto ocurre a la vez de que trascienden deplorables acciones de funcionarios de la Cancillería, como el caso del cónsul de Guatemala en Houston, Texas, Ricardo Montes, quien fue suspendido de su cargo por 30 días, luego de ser acusado de acoso sexual contra una trabajadora de esa sede diplomática o el caso del agregado cultural de la Embajada de Guatemala en España Arturo Jutzuy Hernández, quien protagonizó un escándalo en ese país al irse de un centro nocturno sin pagar lo consumido y protagonizar un video en el que se le ve ebrio y molesto, y por lo cual será denunciado penalmente. Ambos actos constituyen motivo de vergüenza para los guatemaltecos, que lo mínimo que piden a los funcionarios públicos, en general, es que trabajen en beneficio del país y no utilicen sus privilegiadas posiciones para beneficio personal.

Formar parte del servicio exterior de un país, como el caso de los arriba mencionados, debe ser tomado como un honor y oportunidad de servir a la Patria, por lo que el correcto accionar de los encargados del despacho ministerial debe ser una premisa de trabajo, si es que en verdad lo que se busca es ordenar a la entidad que, oficialmente, representa a Guatemala en el extranjero.