Las autoridades informaron el 15 de diciembre último sobre el decomiso de retroexcavadoras, taladros y vehículos en un área de explotación ilegal de jade, dentro del área protegida de Montaña Chiclera, en Valle Nuevo, Morales, Izabal. La fiscal general, Consuelo Porras, en conferencia de prensa sobre el operativo, expuso: “Buscamos con este tipo de información que el pueblo de Guatemala se sienta tranquilo, ya que estamos respondiendo de forma oportuna”.

Sin embargo, al observar la notoria destrucción de una extensa zona boscosa, más bien parece que fue una reacción tardía, sobre todo porque no hubo capturas. El ministro de Energía y Minas se limitó a decir lo obvio: que no existía ninguna autorización para minería de este tipo en esa zona protegida. El Ministerio de Gobernación anunció la cooperación con la cartera de Defensa, pero en tiempos con tantos recursos informativos, incluyendo la vigilancia satelital, es inconcebible que ninguna dependencia gubernamental haya alertado antes sobre este ruidoso robo en descampado. Se localizaron costales con fragmentos de dicha piedra, que hoy se valora en unos US$3 mil la onza, pero es obvio que de allí salieron incontables toneladas de ese material.

No es la primera vez que esta extracción ilícita se reporta en esa región. En 2019 se decomisó un cargamento de 10 toneladas de este mineral, valuado entonces en Q77 millones, hubo tres capturas y el anuncio de las “correspondientes investigaciones” que, por supuesto, no tuvieron continuidad. Es más, la ausencia del Estado persiste y los pobladores de Valle Nuevo no se sienten para nada tranquilos.

Hace apenas tres días ocurrió un enfrentamiento armado entre grupos que se disputan el control del yacimiento. Hubo un muerto y al menos cinco heridos. Pero no es la primera reyerta de este tipo en el área para seguir extrayendo jade y embarcarlo principalmente con dirección al sudeste asiático, donde existe una intensa industria de fabricación de ornamentos y joyas que se hace aún más lucrativa al obtener materia prima de altísima calidad a precio de ganga.

El primer decomiso de jade guatemalteco ilegalmente extraído data de 1998; sin embargo, fue en 2012 cuando este trasiego alcanzó niveles de escándalo, cuando se detuvo a ciudadanos chinos con furgones cargados de dicha piedra, que para los antiguos mayas tenía un profundo simbolismo sagrado. En 2015 quedaron inconclusas las investigaciones sobre la presunta vinculación de la exvicepresidenta Roxana Baldetti con el saqueo de jade en territorio de otra reserva natural: la sierra de las Minas.

Las ingentes ganancias obtenidas por este inmundo robo a Guatemala posibilitan y acicatean la posible corrupción de ciertas autoridades para contar con su complicidad, ya por acción, ya por omisión. Mover las inmensas rocas de jade con camiones de volteo o contenedores no es una operación invisible; los rastros de vehículos pesados o maquinaria son notorios para quien lo quiere notar y denunciar. Muchos lugareños temen brindar datos porque sus vidas pueden correr peligro a causa de alguna filtración o delación.

Cabe cuestionar qué clase de investigaciones se emprendieron y cuánto duraron, qué autoridades del gobierno central o municipal tuvieron conocimiento de ellas, qué inteligencia proveyeron o si en algún punto desecharon el seguimiento, a pesar de que el tesoro sigue allí, a la mano de la siguiente banda de delincuentes.