EDITORIAL
Las mafias aborrecen la iniciativa antilavado
A su regreso de su inmerecido descanso, los diputados al Congreso de la República deberían priorizar la discusión, revisión y aprobación de esta normativa.
|
Los desmanes de las mafias en Guatemala son evidentes, y sus efectos, devastadores para la gran mayoría de la población: pobreza, criminalidad, conflictividad en territorios fronterizos, infiltración de financiamientos electorales sucios y prostitución del quehacer político en ciertas regiones. Todo este oscuro sector agrupa actividades como el tráfico de estupefacientes y precursores químicos, armas, combustible robado, mercancías sin pago de aranceles, corrupción y hasta extorsiones contra comercios pequeños o grandes. Por momentos parece difícil desenmadejar esta red tenebrosa, pero existe una frase fílmica que se ha convertido en paradigma del inequívoco punto vulnerable de estas gavillas: “Sigue la ruta del dinero”.
En efecto, el lavado de activos es otra área crítica para la continuidad de estas bandas, a toda escala. Es como una gran alcantarilla que intenta dar apariencia legal a millonarios fondos mal habidos y de perversos propósitos. Proliferan las mañas para crear mecanismos de apariencia legal que permiten introducir efectivo delictivo al sistema económico. Se crean empresas de fachada, se fingen transacciones de compraventa de todo tipo, se simulan ganancias lúdicas, se hacen “préstamos” agiotistas bajo amenaza, y ello por no mencionar entornos digitales, de criptomonedas y préstamos digitales.
En Guatemala existe una Ley contra el Lavado de Activos que data del 2001. A las mafias les conviene que siga así, atrasada, y aborrecen la sola idea de una modernización que amplíe los controles. Pero su influjo es tal que no resulta difícil suponerlo como una causa del ninguneo de muchos diputados a la iniciativa 6593, que establece más actividades sujetas a rendir cuentas del origen de los fondos que reciben, manejan o entregan o reportar denuncias. La resistencia pasiva se marca más en tránsfugas de narcopartidos.
La ley del 2001 se enfocó más en el sector bancario y de crédito, así como en ciertos tipos de transacciones, pero está desfasada, y aun así la Intendencia de Verificación Especial lanza constantes alertas por actividades sospechosas. Pero la propuesta del 2025 prioriza saber quién controla o se beneficia de los activos, con atención a fideicomisos y personas jurídicas, pues las individuales ya estaban cubiertas. El lavado ya no solo implica dinero, sino inmuebles, vehículos, obras de arte, juegos de azar y ciertos servicios profesionales y, por ello, se propone ampliar y clarificar los sujetos obligados de reportar todo manejo, traslado o permuta de activos.
Tal como se necesita en estos tiempos, la norma exige debida diligencia continua, trazabilidad del origen y destino de recursos, incluyendo criptomonedas, débitos y envíos de remesas. ¿A qué persona honrada le va a ofender eso? A ninguna, sobre todo si con ese monitoreo se le quita el agua a las pirañas. ¿Qué empresa competitiva, lícita y tributante se va a oponer a esta nueva norma? Ninguna, porque esos controles reforzados implicarán un duro golpe contra las exacciones, el trasiego de productos y la competencia desleal.
Además, Guatemala podría quedar marginada del sistema financiero internacional si no se aprueba con celeridad la nueva ley contra lavado de activos y combate del terrorismo, lo cual incluye a gavillas que hasta ahora lucran con el miedo y el dolor de la gente. A su regreso de su inmerecido descanso, los diputados al Congreso de la República deberían priorizar la discusión, revisión y aprobación de esta normativa. Y no basta un remedo que le quite uñas y dientes a la propuesta, sino una herramienta eficaz y moderna. De no hacerlo así en el mismo enero del 2026, se pondrán en la mira del propio gobierno de Trump, que impulsa este combate frontal.
ESCRITO POR:
