Serias omisiones registradas desde la convocatoria para desarrollar el proceso de comisiones de postulación de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de salas de Apelaciones condujeron al fallo de la Corte de Constitucionalidad, la noche del lunes, que anuló todo lo actuado en la evaluación y calificación de CSJ, y dejó en suspenso lo desarrollado hasta ayer por el grupo a cargo de Apelaciones, mediante un amparo provisional aprobado de forma unánime.

Hay personas y sectores que observan supuesta tardanza en esta resolución, debido a que las comisiones ya habían avanzado en las fases de integración, recepción y ponderación de perfiles, lo cual también generó algunas hipótesis sobre causales interesadas por la inclusión o no de determinados aspirantes apoyados por uno u otro sector. No obstante, se trata de un fallo histórico y aún oportuno, puesto que, aunque no son el objeto de fondo de la acción legal, ya se habían acumulado numerosas dudas y conflictos de interés en el actuar de ciertos postuladores que insistían en querer colar a ciertos allegados que no habían logrado la calificación mínima y, por lo tanto, buscaban rebajar la misma.

Dos son las mayores omisiones que arrastraba el proceso, sobre las cuales varios sectores se habían hecho los desentendidos, quizá por conveniencia, por querer cumplir forzadamente con el plazo límite o tal vez con resignación debido al hervidero de intereses. El primer gran vacío lo constituyó la falta de un reglamento de calificación de desempeño de jueces y magistrados por parte del Consejo de la Carrera Judicial, herramienta indispensable para promover ascensos, sanciones o destituciones; por ende, los informes entregados a la postuladora carecían de un parámetro sostenible y podrían estar sujetos a discrecionalidad. Se supone que ese reglamento ya existe, pero el nuevo proceso de calificación requerido podría llevar hasta tres meses.

El otro requisito faltante, que en su momento fue señalado por Prensa Libre, fue una elección pública y transparente de representantes de la Asociación de Jueces y Magistrados para la postuladora, con la participación de al menos dos planillas. Por el contrario, se urdió una planilla única poco después de un viaje de sus miembros a Nicaragua, supuestamente para un taller de capacitación. Cabe recordar que en ese país se encuentra escondido Gustavo Herrera, un operador político señalado de injerir en la justicia. El fallo de la CC ordena convocar a elección de delegados para garantizar la representación de minorías.

Algunos postuladores de dudosos vínculos disimularon su sorpresa o incluso su molestia, pues hasta antes del fallo buscaban rebajar la calificación mínima hasta niveles irrisorios, casi de mediocridad, con el solo fin de abrir espacios a ciertos abogados y jueces que perdieron el examen inicial. La mayoría de decanos de Derecho defendió la alta exigencia, a fin de incluir a los mejores aspirantes en un listado depurado. Los magistrados que a su vez se postulaban para un nuevo período y calificaban expedientes tenían un conflicto de interés evidente, pero no se inmutaban ante las críticas, lo cual retrata de cuerpo completo su tesitura ética, que prácticamente constituía otro tipo de omisión.

Los errores del proceso deben enmendarse para que la institucionalidad siga su curso. Cualquier otro pretexto, interferencia u oposición a la misma puede considerarse sospechosa y denunciarse como dolosa.