EDITORIAL

Le toca enfrentar cargos en el país a M. Baldizón

Cree el politiquero que cambiando terminologías incómodas por otras, eufemísticas, ambiguas o publicitariamente ablandadas, se oculta la verdad de hechos, palabras y nexos. Se llegan a confundir tanto con sus frases falaces de campaña que terminan creyéndolas junto a la rosca de allegados, aduladores y convenencieros que les acompañan hasta que llega la rendición de cuentas. Primero, ante la justicia terrena y, después, la divina. Se menciona con total respeto esta dimensión espiritual, debido a que tales figurones suelen invocan a Dios en vano para hacerse pasar por ungidos y lanzar arengas que no honran en su vida personal.

Piden perdón cuando no queda más remedio, porque están desnudos sus despropósitos. Hasta se confiesan públicamente en busca de atenuantes tardíos, aunque no sin antes haber intentado echarse a la bolsa el aparato de justicia. Cuando el escenario cambia, se desdicen, alegan presiones y hasta se llegan a declarar víctimas: otra más de las ficciones que intentan pasar por argumento. Le apuestan sus fichas a la amnesia ciudadana y también a la bipolaridad coyuntural para tratar de volver a montar en caballo blanco, rojo, naranja, verde, amarillo o el que se deje montar.

Después de haber purgado 21 de 50 meses de prisión a los que fue sentenciado en EE. UU. —por el delito confeso de lavado de dinero del narcotráfico—, ayer fue finalmente deportado el excandidato Manuel Antonio Baldizón, quien fracasó dos veces en su intento por ganar la Presidencia, en el 2011 y en el 2015, y cuyo partido fue suprimido en el 2016, cuando el Tribunal Supremo Electoral hacía honor a su nombre. M. Baldizón dijo días atrás en un comunicado que había “renunciado” al trámite de asilo que intentó en el 2018, pero la viabilidad de tal proceso ya era improbable a causa del delito admitido.

A su arribo al país, M. Baldizón fue detenido debido a que le toca enfrentar órdenes de captura pendientes por dos casos: el fraude de Transurbano y el escándalo Odebrecht. Por el primer caso está sindicado de financiamiento electoral ilícito y lavado de dinero, mientras que por el segundo es señalado de supuesto cohecho activo, lavado de dinero y asociación ilícita. Cuando llegó a Miami, Florida, EE. UU., en enero del 2018, M. Baldizón pidió asilo con el argumento de “persecución política”.

Está por verse cómo el Ministerio Público le da seguimiento a las acusaciones contra el excandidato, quien en agosto del 2018 escribió una carta para ofrecer una disculpa pública al pueblo de Guatemala por sus “errores”. El 18 de septiembre del 2018 fue acusado por blanqueo de activos ligados al narco, los cuales admitió en febrero del 2019. En noviembre de aquel año, M. Baldizón escribió de su puño y letra una carta a la entonces aún vigente Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala para solicitar acogerse a la figura de colaborador eficaz y brindar indicios en casos de corrupción. Refirió la negociación de nombramientos de los magistrados de la actual Corte Suprema de Justicia y relató una reunión que sostuvo junto con el exministro Alejandro Sinibaldi y jerarcas del extinto Partido Patriota con los 13 magistrados de la CSJ que serían electos por el Congreso y que el próximo 13 de octubre cumplirán tres años de tiempo extra en sus cargos.

Sin duda alguna, la deportación del excandidato enrarece aún más el ambiente preelectoral. No obstante, la responsabilidad penal es personalísima y no se puede extrapolar la culpabilidad legal de M. Baldizón hacia familiares y excorreligionarios, siempre y cuando estos se abstengan de querer presentarlo como supuesto mártir, pues entonces estarían avalando tácitamente su reconocido delito.

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