Estados Unidos
EDITORIAL
Ley portuaria necesita atraque rápido y seguro
Los puertos guatemaltecos son parte de un sistema más grande, pero hasta ahora parecen ínsulas.
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La iniciativa de ley del Sistema Portuario Nacional lleva décadas de rezago. Las causas van desde la indolencia hasta la conveniencia de ciertos grupúsculos enquistados en el Estado. En todo caso, la nueva normativa trae un cargamento de expectativas de mejora en la calidad de gestión, seguridad y modernización de esta infraestructura desde la cual salen e ingresan mercancías y materias primas del sistema productivo del país. Por ello es crucial una discusión técnica y no politiquera, menos aún sesgada por aviesas intencionalidades.
La décima legislatura tiene una oportunidad, contra reloj, de dotar a Guatemala de un marco legal moderno para ordenar un sistema portuario que hoy funciona de manera fragmentada. Pero precisamente por ser un proyecto tan trascendental, también existe el riesgo de que se trastoque. Actualmente existen 32 enmiendas en discusión, las cuales efectivamente son parte natural del trabajo parlamentario. Una ley de esta magnitud merece revisión, debate y perfeccionamiento. Lo preocupante sería que, so pretexto de “mejorarla”, algunos actores intentaran introducir disposiciones que resten eficacia al nuevo modelo institucional, multipliquen los vetos internos o respondan a intereses ajenos al bien y la seguridad común.
No sería la primera vez que una buena idea termina convertida en un rompecabezas administrativo. Guatemala tiene demasiados ejemplos de entidades diseñadas con tal cantidad de integrantes, cuotas de representación y requisitos para sesionar, que la más mínima ausencia conduce a una paralización. Basta ver los entuertos de la disfuncional y onerosa superintendencia de Competencia o los laberintos de la llamada Dirección de Proyectos Viales Prioritarios.
La futura Autoridad Portuaria Nacional debe contar con mecanismos de control, transparencia y rendición de cuentas, pero también con capacidad institucional para gestionar este sistema vital para el comercio y la seguridad internacional. Cualquier Frankenstein institucional puede conducir a una inmovilidad que termine multiplicando los problemas que debe resolver. Justo a eso nos referimos al mencionar el cuidado que se debe tener con enmiendas malas que parezcan buenas y buenas que parezcan malas.
Históricamente, los puertos nacionales forman parte de los procesos competitivos de sectores nacionales productivos. Pero es innegable que han existido manejos abusivos e ilícitos para propiciar trasiegos y tratos lesivos. Basta ver el sospechoso proceso judicial que amenaza aún a la Portuaria Santo Tomás de Castilla, debido a un alquiler dudoso de grúas por el cual se pretende un descomunal pago. Así también, no se debe olvidar que el ojo de Estados Unidos, principal aliado comercial del país, se encuentra atento a la mejora funcional y tecnológica de esas estructuras.
Los puertos guatemaltecos son parte de un sistema más grande, pero hasta ahora parecen ínsulas en las cuales, con el pretexto de la autonomía, se cometen y permiten arbitrariedades que no solo dañan el desempeño organizacional, sino también amenazan la seguridad geoestratégica. Por esos puntos circula más del 70% del comercio internacional guatemalteco, pero también constituyen la primera línea de defensa frente al narcotráfico, el contrabando, el tráfico ilícito de personas y otras amenazas transnacionales. Esta discusión será reveladora porque demostrará qué diputados y bancadas están del lado de Guatemala y quiénes no. Será notorio todo intento de entorpecer su llegada a buen puerto.
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