El ejercicio del periodismo se encuentra bajo asedio en toda la región. Nicaragua es el caso más impactante y lamentable de extralimitaciones estatales que incluso en algún momento fueron apoyadas por prominentes integrantes del sector económico local hasta que les tocó el turno de ser mordidos por el poder desbocado de una banda de intolerantes. Ya era tarde para quejarse o para querer denunciar a través de medios independientes. El sandinismo los había cerrado. La prensa crítica incomoda, y en el contexto actual de intolerancia y funcionarios de paso que quieren ser omnímodos, aún más.

Guatemala no es ajena a esta proclividad hacia el autoritarismo, el abuso y la intolerancia a la libertad de expresión. Las cifras son elocuentes: entre los años 2015 y 2020 se plantearon en el Ministerio Público 646 denuncias de periodistas, por agresiones, amenazas y vulneraciones a su labor de informar, garantizada en la Constitución de la República. De esos casos, menos del 5 por ciento llegaron a sentencias condenatorias. Es un resultado magro si se toman en cuenta alocuciones encomiosas hacia la labor de la prensa por parte de la actual fiscal general, quien se encuentra prácticamente a seis meses de finalizar el período para el cual fue electa y que aún no se pronuncia sobre si aspirará a la reelección.

Entidades como la Asociación de Periodistas de Guatemala y la Sociedad Interamericana de Prensa han señalado este año las presiones, dificultades e intimidaciones, manifiestas o veladas, sufridas por este gremio en el ejercicio de su profesión, sobre todo en la provincia, pero también en la zona metropolitana. Las intentonas por coartar la libertad de prensa, el acceso a las fuentes y el derecho a la información han sido repetidas.

La más reciente leguleyada fue la censura incluida en el fallido estado de Calamidad decretado por el Ejecutivo el 6 de septiembre y que fue desechado. Grupos de diputados han tratado, en cada legislatura, de encontrar pretextos para acallar con decretos inviables las críticas hacia sus improductivas gestiones, pero los constituyentes tuvieron la visión y el acierto de fijar la Libertad de Expresión sólidamente en la Carta Magna y de no considerar delitos los señalamientos a funcionarios.

El 6 de diciembre de 2019 se inauguró la Fiscalía de Delitos Contra Periodistas, y en esa ocasión la jefa del Ministerio Público dijo a los comunicadores: “Si desafortunadamente sus derechos humanos son violentados durante el ejercicio de sus funciones, podamos darles una respuesta especializada”. Es por ello que resulta llamativa la denuncia pública presentada por el periodista Juan Luis Font, acerca de que la Fiscalía por un lado le niega que exista alguna pesquisa en su contra, pero por otro le advierte de que, si fuera un caso bajo reserva, tal información no estaría disponible.

El artículo 14 de la Constitución establece el derecho de todo ciudadano a conocer todas las actuaciones, documentos y diligencias penales, sin reserva. De ninguna manera se apaña la comisión de delito alguno, si alguien violó una ley debe ser señalado y encausado, pero toda pesquisa hecha por un ente público, con recursos públicos, en contra de todo guatemalteco, debe ser accesible para garantizar la legítima defensa. Reza un dicho que una vez es coincidencia, dos es casualidad y tres ya es un patrón. La queja de Font se suma a la averiguación, confirmada por el MP, en contra del periodista Jose Rubén Zamora, por una denuncia cerrada en 2013 y sobre la cual la Contraloría no reportó hallazgos.