La prensa crítica, la prensa que señala incoherencias entre discurso y acción, entre promesa e incumplimiento; la prensa que pone en el ojo público las alianzas oscuras, las agendas en beneficio de un pequeño grupo de allegados y los silencios cómplices hacia regímenes dictatoriales con piel de oveja muerta es sin duda una piedra en el zapato de cada camarilla oficialista que sale más acaudalada, prepotente e intolerante de lo que fue en tiempos de campaña. Les resulta molesta esa auditoría pública y por eso buscan acallarla subrepticiamente, con presiones escondidas, con legalismos y críticas hepáticas.

Sin embargo, a diario los medios de prensa se someten al criterio del juez más implacable, aquel que ninguna postuladora puede copar y ningún traficante de influencias puede comprar: la ciudadanía que busca formarse un panorama claro, realista y confiable de las situaciones que le aquejan y que pueden amenazar su futuro y el de su familia. En campaña, los candidatos a todo cargo se acercan humildes y sonrientes a las redacciones para presentar sus enunciados —que no programas—, sus planillas de colaboradores y sus declaraciones de intenciones. Con el ejercicio del cargo y el desmoronamiento de las expectativas que vendieron se van empezando a quejar de la crítica, quieren halagos solo por poner una primera piedra, por construir una escuela con el mismo estilo básico de hace medio siglo y hasta por presentar información pública obligada por ley. Conforme se destapan los rostros de los adláteres, las asignaciones de contratos a dedo, los sobregiros y las alianzas con narcopartidos y patrocinadores se vuelven hoscos, responden con preguntas agresivas y vuelven a exigir elogios por cumplir su obligación.

Gobierno tras gobierno, los medios independientes siguen allí, relatando el paso de la historia por día, por hora, por minuto ahora, a veces desde el interior de un hemiciclo que ciertos diputados desearían tener herméticamente sellado. Sucesivos gobiernos y congresos han estado tentados a manosear el pétreo artículo 5 de la Constitución que garantiza la Libertad de Emisión del Pensamiento o a tratar de limitarlo. Este mismo año, en septiembre, se declaró un estado de Calamidad, ya desechado, que contenía innecesarias restricciones a esta garantía, so pretexto de una mejor difusión de mensajes sanitarios.

En Guatemala es la propia ciudadanía la mejor garante de su derecho a la información y a la expresión. Desempolvar casos judiciales viejos para intentar acallar a periodistas es una práctica tan vieja como El señor presidente. Las acusaciones del Ministerio Público en contra del director de elPeriódico, Jose Rubén Zamora, ocurren en el contexto de ataques contra jueces independientes y de una aguda intolerancia a la crítica por parte de los tres poderes del Estado guatemalteco. De ninguna manera se defiende o apaña la comisión de ilícito alguno, así como alguna investigación. Sin embargo, toda pesquisa en contra de cualquier guatemalteco debe estar accesible para garantizar la legítima defensa.

El caso de marras debe investigarse con total apego a Derecho, sin atisbos de venganza, acoso o revanchismo leguleyo en contra de un periodista crítico. En todo caso, cuando resta menos de un año al período de la fiscal general, aún adeuda resultados en pesquisas por corrupción contra exfuncionarios, existe obvio rezago en averiguaciones sobre los abusos policiales de hace un año y no se diga sobre el contrato ruso secreto.