A pesar de los múltiples derrumbes ocurridos en el Libramiento de Chimaltenango desde su apertura, en abril del 2019, el Estado no se ha hecho cargo de las reparaciones, bajo pretextos de que existe un proceso judicial a causa de sus deficiencias. Esto no es cierto, pero ha servido como excusa recurrente. Existe, además, otro factor de rezago: la obra continúa sin ser liquidada, es decir, no ha sido recibida oficialmente por el Ministerio de Comunicaciones, pese a que el contratista presentó la solicitud un mes antes de la “inauguración” del proyecto, que por efectuarse dentro del tiempo de campaña electoral fue catalogada como supuesta “supervisión” por el gobierno de Jimmy Morales.

Tal acto se desarrolló con toda la parafernalia para aprovechar promocionalmente tal proyecto vial, que en pocos meses se reveló como un fiasco debido a sus evidentes deficiencias en el trazo y la construcción de taludes. Esta circunvalación tuvo un costo de Q528 millones, y durante la tácita inauguración fue calificado como “una obra sin igual” y como “un monumento” por el entonces titular del CIV, José Luis Benito, quien estuvo prófugo y hoy sigue pendiente de conocer si enfrentará juicio junto a otros 22 señalados.

El avance de esta causa judicial ha sido parsimonioso y contrasta totalmente con la oficiosa celeridad que el Ministerio Público imprime a otros casos. Ello debería implicar una pesquisa acuciosa y una acusación robusta de cara a un debate oral y público que conduzca a sentencias ejemplares. Paradójicamente, la anterior jueza a cargo del caso, Silvia de León, señaló en la audiencia del 28 de enero último la débil argumentación de la Fiscalía al presentar la acusación contra Benito, basada en los expedientes de otros procesados.

Benito recusó a la jueza, y ello atrasó la apertura a juicio que estaba prevista para mayo pasado. Mientras tanto, el Libramiento volvió a presentar daños durante el pasado invierno. Una sala admitió en septiembre el recurso, por lo cual el expediente se trasladó al Juzgado de Mayor Riesgo D, en donde todavía está pendiente la audiencia para decidir si el exministro enfrentará juicio, en la cual se podrá evaluar si la acusación de la Fiscalía tiene argumentos fuertes o si es una especie de circunvalación. Como antecedente análogo, debe recordarse que en mayo del 2022 otra judicatura también reclamó al MP por entregar incompleta la acusación contra Benito en otro caso: el del hallazgo de maletas con Q122 millones en efectivo en una casa de Antigua Guatemala.

Resulta inevitable recordar el hecho de que fue durante el período de Jimmy Morales cuando fue nombrada la actual fiscal general, Consuelo Porras, para su primer mandato al frente de la Fiscalía. En agosto del 2019 comenzaron los derrumbes del “megaproyecto” y en octubre se desarrollaron las primeras pesquisas de campo. El 10 de julio del 2020, en conferencia de prensa, se anunciaron las primeras capturas y allanamientos relacionados con el caso y el exministro se dio a la fuga en octubre de ese año. Reapareció apenas en enero, quizás confiado en un cambio de su escenario de responsabilidad legal.

El costo de la recepción rezagada de la obra de todos modos caerá sobre el Estado, pero a medida que continúe la dilación será mayor, pues el contratista analiza la posibilidad de cobrar los trabajos adicionales al Ejecutivo. Pero mucho mayor aún será el costo para la certeza de justicia si continuaran las fallas acusatorias. Se trata de un megafraude histórico que debe ser sancionado para sentar un precedente ejemplar sobre las exigencias de toda obra vial.