Esta semana estará a prueba la tolerancia gubernamental respecto de los abusos cometidos por supuestos exmilitares que reclaman desde hace cuatro años, prácticamente en clave de extorsión, un pago que pasó de Q85 mil a Q120 mil. No les importa imponerle tres días de bloqueo a la ciudadanía guatemalteca, a la cual supuestamente sirvieron con honor y patriotismo, palabras que quedan desprovistas de significado al emprender estas acciones coercitivas, unilaterales y económicamente inviables.

Diputados oficialistas han contribuido a acicatear el clientelismo de este reclamo al colocarse de alfombra para que se paguen entre Q36 mil y Q120 mil a cada supuesto veterano. El total masivo es imposible de calcular, toda vez que los listados institucionales del Ministerio de Defensa están incompletos y se hace imposible comprobar que un grueso número de personas haya integrado el Ejército en los años del conflicto armado, finalizado hace casi 26 años.

Con un claro sentido electorero, el oficialismo legislativo aprobó el 12 de octubre último un irresponsable bono de Q36 mil por persona, sin fuente de financiamiento y en total contradicción con el principio constitucional de igualdad, para un número no especificado de exintegrantes castrenses, bajo condición de que efectúen labores de reforestación. Dicho decreto depende de sanción presidencial, pero debería ser vetado por su altísimo costo. Sin embargo, otro bando no solo rechaza realizar cualquier labor, sino que exige más del triple: Q120 mil, y para ello amenaza con impedir el paso por carreteras a millares de guatemaltecos totalmente ajenos a sus ambiciones, intereses y negociaciones. Ya han protagonizado incidentes violentos y aún así se les deja actuar con impunidad, en detrimento del bien común y en perjuicio del interés ajeno.

De concretarse los bloqueos en las carreteras del país por parte de pequeños corros de supuestos exmilitares, no solo debería actuar la fuerza pública, sino que el Ministerio Público tendría que emprender acciones penales en contra de los impulsores de estas acciones a todas luces desleales en contra de la ciudadanía. Hay derecho a manifestar, no a impedir el derecho al trabajo y a la libertad de locomoción. Hay derecho de petición, pero no de damnificar la productividad, el comercio e incluso amenazar la vida de pacientes en ruta a un centro asistencial. La misma lógica puede y debe aplicarse a todo grupo que bloquee la fluidez vial bajo cualquier consigna. En todo caso, la inacción gubernamental podría interpretarse como un aprovechamiento de tales medidas como distractor.

El afán politiquero por agradar a los demandantes de este pago extemporáneo es irresponsable, y lo mismo se puede decir del decreto ya aprobado. Su costo podría alcanzar los Q3 mil 500 millones pagados con el esfuerzo y sacrificio de la mayoría de ciudadanos, fondos que se recortarían a infraestructura y servicios. Si ya eso es repudiable, mucho más lo es si lo pretendido compromete Q12 mil millones.

En un entorno de combustibles en inédita alza, de canasta básica prácticamente inasequible y de propaganda oficial que elogia la macroeconomía pero que da la espalda a la economía hogareña, lo menos que necesita el ciudadano honrado, el comerciante proactivo, el trabajador que sale a ganarse el sustento, es encontrarse con una barricada de un grupo de 12 o 20 personas dispuestas a apalear a quien ose intentar el paso. No es una suposición, porque tales agresiones ya han ocurrido. En todo caso, estos cierres desmienten cualquier invocación de supuesto patriotismo o “servicio”.