Desde el inicio mismo de su período, en 2020, los actuales magistrados del Tribunal Supremo Electoral se han caracterizado por atizar dudas y cocinar incertidumbres a través de decisiones a medias, parsimonia en la propuesta de reformas relevantes a la Ley Electoral y el retraso o completa detención de procesos de cancelación de partidos. Curiosamente, muchas de estas bancadas, satélites y allegadas al oficialismo, votaron a favor de varios de los actuales titulares y suplentes, incluyendo a exintegrantes del anterior gobierno y excandidatos perdedores con claras afinidades partidarias.

Esa percepción de tácita deuda política es la marca que más ha ensombrecido la gestión de la actual magistratura. Deben diluirla, pero hasta ahora sus acciones solo la prolongan. Para deshacerse de tal estigma tienen que acelerar los procesos de sanción contra organizaciones políticas que infringieron la Ley Electoral en los procesos de 2015 y 2019. La extinción de partidos como Patriota o Líder sentó precedentes legales que amparan la aplicación del Derecho y empoderan a la institución rectora de los procesos políticos.

En este contexto, de por sí enrarecido, el TSE efectuó una dudosa licitación de compra de equipo digital por un monto indeterminado, para el desarrollo de los comicios de 2023. Un cúmulo de organizaciones entre las cuales se cuentan centros de análisis, instituciones de defensa de la democracia y el estado de Derecho, así como el empresariado organizado cuestionaron varios aspectos opacos de la adjudicación, tales como el corto tiempo —apenas una semana— que estuvo abierta la convocatoria, la poca difusión efectuada para una compra tan estratégica y la ambigüedad acerca de quién autorizó el negocio.

Por si fuera poco, el monto de la millonaria adquisición no ha sido divulgado, so pretextos de secretismos totalmente inválidos. El sistema tecnológico, licitado prácticamente a escondidas, incluye 8 mil 675 computadoras portátiles, mil 325 monitores, mil 530 impresoras y 45 escáneres, además de conexiones portátiles de comunicación satelital, servidores de base de datos, servidores de aplicaciones y unidades de almacenamiento de datos; 25 mil dispositivos de verificación biométrica y los correspondientes programas para la digitalización y verificación de actas, difusión de resultados preliminares y la implementación de un centro de prensa.

Lo más sospechoso es que solo hubo una oferta, presentada por una compañía radicada en Islas Vírgenes y cuya sucursal en el país apenas fue inscrita el 6 de junio de este año y fue aceptada como proveedora del Estado el 6 de septiembre último, días antes del concurso. Es imposible, como bien señalan los denunciantes, que este o cualquier oferente pudiera cumplir con todas las bases exigidas por el TSE en tan corto tiempo, de no haber sido porque tuvo información privilegiada previa, lo cual invalidaría el concurso e incluso constituiría una causal de investigación penal.

Tanta y tan súbita celeridad es llamativa en un TSE parsimonioso. Tanto secretismo desata recelo respecto de un Tribunal cuestionado por las verdaderas fidelidades de sus integrantes, que no se han pronunciado respecto de esta voluminosa compra mediante un mecanismo tan indefendible. Y no hace falta que lo defiendan. Solo procede que desechen este proceso y lo repitan en condiciones de libre competencia y transparencia. La ciudadanía guatemalteca lo merece y los partidos que postularán candidatos deben exigirlo, a menos que estén de acuerdo con tal aberración.