Estados Unidos
EDITORIAL
Lo único peor que el amaño es la impunidad
Una inconstitucionalidad no se puede juzgar si no ha ocurrido: pero ya sucedió.
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Ya no se sabe qué asombra más: si lo timorato del Ejecutivo, lo indolente del Legislativo o lo tullido de las instancias judiciales, incluyendo la Corte de Constitucionalidad, ante las denuncias de un fraude cometido por el medio Consejo Superior Universitario, que ni siquiera estaba totalmente integrado ni tenía quorum legítimo al momento de efectuarse la votación en la que fue “reelecto” el rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala. La sola actividad en sí fue una farsa: se vedó la participación a cuerpos electorales opositores, la elección se hizo en total hermetismo, en una encerrona, en un recinto privado de Antigua Guatemala, a la par del cual se encuentra, paradójicamente, el Colegio de Santo Tomás de la Universidad de San Carlos, que tenía amplios espacios para llevar a cabo el evento sin tener que gastar en alquiler.
Es un precedente nefasto permitir, tolerar o avalar una votación amañada, plagada de adláteres, en la que fue reelecto el rector que ya había sido favorecido en un proceso excluyente similar. Más peligroso aún es que lo consientan togados —incluyendo aquellos con doctorado— integrantes de las múltiples cortes ante las cuales se interpusieron 10 recursos de amparo, incluyendo al máximo tribunal saliente, el cual tiene cuatro reelectos. ¿Tendrá que ver en algo ese factor con la tolerancia a los desacatos del rector desde hace un año?
Podría parecer que ante tanta indiferencia institucional, que contrasta con el vehemente repudio multisectorial, nacional e internacional, la sentencia para la Usac es inamovible. Pero nunca es tarde para la contrición y para que surja de alguna parte el pundonor de cierta instancia. Una inconstitucionalidad no se puede juzgar si no ha ocurrido: pero ya sucedió.
El argumento de la autonomía como espacio de arbitrariedad es de suyo abyecto, absurdo e insostenible: por algo y así lo conciben las mentes perversas que ejecutaron las sucesivas exclusiones, dilaciones y modificaciones casuísticas del reglamento electoral de la Usac. Además, existen profesionales sancarlistas que con plena conciencia y entereza afirman que desde 2022 está en entredicho dicha autonomía y, por ende, es misión histórica recuperarla a través de las vías institucionales.
Hablando de institucionalidad y procesos, hay un requisito sine qua non que estaría invalidando de origen la sospechosa candidatura única del rector Mazariegos y, por lo tanto, todo lo actuado hasta la viciada votación: desde 2025 carece de constancia transitoria de inexistencia de reclamación de cargos, o finiquito, emitido por la Contraloría General de Cuentas (CGC). Podría parecer una minucia, pero no cuando se está al frente de una institución que solo en 2025 recibió Q3 mil millones del erario.
La CGC presentó denuncias en el Ministerio Público contra el rector Mazariegos los días 7, 24 y 27 de marzo, pero se desconocen detalles, por ya estar a cargo de dicho ente investigador. Lo extraño es por qué la Fiscalía no ha emprendido acción alguna, pues ello contrasta con la celeridad exhibida en otras situaciones. Posterior a la entrevista con la postuladora, la fiscal general, Consuelo Porras —a quien el CSU ninguneó en su pretérita aspiración a ser designada magistrada de la CC—, dijo que sí había una investigación sobre todo el proceso universitario de elección. Si la CC saliente no quiere pasar a la historia como valedora de otra elección cuestionada, debería ordenar la repetición de la misma en condiciones de representatividad, como lo estipula la Constitución Política de la República.
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