Elijan, señores diputados, entre responder a los legítimos intereses de la ciudadanía o continuar con la dolosa dilación en la elección de nuevos magistrados de justicia. Elijan entre obedecer el ordenamiento institucional del país o seguir en el escabroso camino de oscuras agendas de perjudiciales consecuencias. Elijan entre cumplir el deber para el cual fueron electos o aprovechar el cargo para continuar la urdimbre de contubernios que tarde o temprano salen a flote.

Las justificaciones legalistas para incumplir con una orden constitucional abundan, pero ello no les confiere un ápice de validez. Los pretextos para no cumplir con la designación de magistrados de viva voz solo confirman los temores fundados que llevaron a la fiscal general a pedir un amparo ante la injerencia de operadores ilícitos. La displicencia con la cual el asunto se relega, una y otra vez en las plenarias, solo revela la ausencia de liderazgos en la alianza oficialista, pero también en la oposición.

La pandemia se volvió pretexto pero también metáfora, puesto que la polarización, la miopía política y la fidelidad a los patrocinadores han congestionado la agenda legislativa con leyes anodinas, sesiones ociosas e interpelaciones estériles que a su vez agudizan el cuadro de incapacidad para actuar. Si el presidente del Congreso o su directiva no se sienten suficientemente empoderados para impulsar de urgencia nacional la elección de magistraturas, pueden dar un paso a un lado y dejar el espacio libre para que se resuelva el trámite que dé continuidad y legitimidad a la gestión de la justicia.

El propio presidente de la República lanzó hace semanas un llamado a elegir magistrados, pero a pesar de estar investido por la unidad nacional representada en él, ha preferido librar otras reyertas dialógicas en lugar de insistir sobre este capítulo crucial en el proceso democrático. No se trata de una injerencia, sino de asumir un mandato nacional para el que fue electo, porque una de sus funciones es cumplir y hacer cumplir las leyes. Nada más y nada menos.

A un año de que se extendiera el plazo de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y salas de Apelaciones con el fin de lograr una mayor discusión y depuración de las listas de aspirantes, resulta un insulto a la inteligencia del ciudadano culpar a los recursos legales que permitieron, en efecto, la revisión de perfiles. A ocho meses que se detectara cómo Gustavo Alejos se reunía en un hospital, donde guardaba reclusión, con magistrados y candidatos a las cortes, es claro que se necesitaba de un tiempo extra para tratar de evitar que se repitieran los contubernios herméticos del 2014, entre las extintas gavillas de Patriota y Líder.

Es obvio que se han visto afectados muchos intereses oscuros, que se han perdido apuestas de intercambio de favores de impunidad y que se han conjurado arreglos tras bastidores que ya se daban por hechos, y así lo evidencia el sabotaje de la elección de magistrados, ya sea por obra u omisión. Así que el llamado a que los diputados elijan se refiere, en primer lugar, a que efectúen tal designación de manera pública y eficiente, pero con ello también elegirán entre el bien común o la conveniencia sectaria, entre la fidelidad a un juramento o el perjurio flagrante, entre cumplir su obligación histórica u obligar a la historia a juzgarlos. En dos platos, los diputados deben elegir entre ser protagonistas de la legalidad o la ilegalidad.