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Los efectos inversos de hacer todo a la carrera

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El cortoplacismo, la miopía estratégica y las recurrentes roscas de aduladores son males sintomáticos que han aquejado crónicamente a los gobiernos guatemaltecos. Sería altamente recomendable para la administración entrante prever la posibilidad de erradicar al máximo la presencia de estos factores dañosos, así como advertir las potenciales crisis que le comienza a heredar el gobierno que fenece.

En los primeros años de la etapa democrática iniciada en 1985 quizá se podría comprender la imprevisión, la falta de planes e incluso la ausencia de indicadores confiables para trazar prioridades; tres décadas después resulta incomprensible, injustificado y hasta doloso que las autoridades del Ejecutivo y el Legislativo exhiban su enciclopédico desconocimiento de los procesos de transparencia, programación escalonada y calidad en la ejecución de recursos. Están más obsesionadas por causar impactos publicitarios que las diferencien de sus predecesores, sin caer en la cuenta de que los grandes emprendimientos que no quisieron o no fueron capaces de hacer en los 45 meses anteriores difícilmente se lograrán concluir a la carrera en un trimestre.

Comenzó la transición, dramatizada con la entrega de un combo de documentos físicos en cartapacios y cajas plásticas que contienen documentos que deberían estar digitalizados y subidos en la nube. Lo lógico sería comenzar a consensuar prioridades y destinar el esfuerzo a cerrar solo aquellas que estén en tiempo y sean estrictamente necesarias, a fin de dejar al nuevo gobierno la continuidad y finalización de otras que requieren de procesos de verificación de la calidad final. Claro, es difícil esperar tal madurez de las figuras de FCN-Nación y aliados, que han apostado repetidamente a la conclusión forzada, al apresuramiento efectista y a la búsqueda de réditos políticos que, según las pasadas elecciones, son más bien una penosa deuda.

La prisa es un mal criterio para el desarrollo de obra pública. Sus efectos se diluyen conforme se derrumban, literalmente, las impresiones iniciales, por más netcenteros y bots que se pongan a emitir elogios o excusas. El caso del libramiento de Chimaltenango es un ejemplo elocuente. Las explicaciones técnicas dejaron claro algo: no se efectuaron o no se tomaron en cuenta los estudios geológicos para el diseño y realización de taludes, lo cual pasa una factura altísima.

Pero tal vía no es el único proyecto empantanado que ahora, a 99 días del final de este período, se ofrece terminar. El censo de empleados públicos, una oferta presidencial lanzada en febrero de 2016, quedó varado por falta de metodología y recursos. Para febrero de 2017 se anunció su inicio gracias a una donación. En noviembre de 2018 finalizó, supuestamente, la recolección de datos y se anunció para febrero de 2019 la publicación de los resultados. Ahora es un pendiente más sumado a los resultados finalmente consolidados del Censo de Población, cuyos números preliminares se presentaron publicitariamente y generaron toda clase de cuestionamientos.

Se podría continuar con la enumeración de adeudos y compromisos fallidos cuyo cumplimiento se anuncia como el cierre con broche de oro del actual período, sin caer en la cuenta de que las personas se van y las instituciones quedan, los mandatarios se marchan y las ingentes necesidades se quedan, por lo cual no es lo más importante quién inaugura una obra, sino quién veló por la excelencia, la probidad y la calidad en su ejecución.