Editorial
Los pasos ciegos no solo están en las fronteras
Las mañas abundan y por eso se dice que los pasos ciegos no solo están en las fronteras, sino también en carreteras, caminos vecinales y conexiones de terracería entre bocacosta y altiplano.
La notoria caída en los decomisos de droga en Guatemala durante 2025 —solo nueve mil 849 kilos en 12 meses— podría presentarse como una reducción en los cargamentos que llegan al país, por aire, mar y también tierra, a causa de la eficacia en el combate. Sin embargo, autoridades estadounidenses reportaron en solo siete meses de ese mismo año la incautación de 91 mil 398 kilos, de los cuales calculan que el 90% habría tenido escala en nuestro país. Y eso que, durante años, el discurso oficial ha insistido en medir la eficacia de la lucha contra el narcotráfico a través de esas cifras.
La mayoría de incautaciones ha ocurrido en puertos del país y son magros los hallazgos reportados en departamentos fronterizos como San Marcos, Huehuetenango o Izabal, así como en Zacapa, que son especialmente vulnerables a la presencia de narcocélulas. Desde hace casi una década, fiscales especializados advertían de que en muchos departamentos era difícil confiar operativos antidrogas a las fuerzas locales debido a fugas de información. Redes del narcomenudeo y crimen organizado logran contactos en comisarías o subestaciones, ya por sobornos o bien bajo amenazas.
Los cercos marítimos y el rastreo de narcovuelos han dificultado esta modalidad de trasiego, lo cual ha llevado a grupos criminales a utilizar rutas terrestres, disfrazando los cargamentos de múltiples formas: en compartimientos secretos, escondidos en aparente chatarra o incluso en el acarreo de maquinaria como montacargas, pequeños tractores o en autobuses urbanos, a plena vista, dentro de costales con granos. Las mañas abundan y por eso se dice que los pasos ciegos no solo están en las fronteras, sino también en carreteras, caminos vecinales y conexiones de terracería entre bocacosta y altiplano.
Para mayor complejidad, la principal operación del tráfico de drogas no es solo mover cargamentos, sino garantizar condiciones para hacerlo sin fricción. Y ahí es donde entran ciertos alcaldes, diputados y funcionarios regionales. Agentes antidrogas de Estados Unidos consideran sospechosa la aparente tranquilidad que domina en regiones del país que son territorio de paso. No solamente no hay decomisos, sino tampoco capturas ni denuncias de incursiones, lo cual refleja connivencias oscuras.
Por eso es que se enfatizaba tanto en la necesidad de exigir idoneidad en los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, quienes están a cargo de organizar comicios y contar votos, pero antes de llegar a eso, son la primera línea de defensa contra la infiltración de dinero sucio en las campañas y postulaciones, sobre todo en pueblos costeros y limítrofes. Existen ejemplos lamentables de perfiles ediles ligados a estos trasiegos que a su vez generan conflictividad cuando el Estado intenta impulsar el desarrollo. A tales grupos les interesa fomentar la pobreza y la precariedad, porque la gente les sirve así de carne de cañón, sobre todo los jóvenes sin perspectivas ni oportunidades.
El debilitamiento de unidades especializadas que daban resultados se comenzó a notar hace unos ocho años; extrañas decisiones políticas o administrativas que coincidieron a veces con capturas de policías y militares exhiben los tentáculos que pueden llegar a darse cuando se priorizan intereses particulares en lugar del bien común y la seguridad de la Nación. En el Congreso ya se leyó en primera lectura la iniciativa de reformas contra el lavado de activos, herramienta fundamental para seguir la ruta del dinero. Pero faltan dos, y en esas resistencias pasivas de diputados se podría denotar quién está de qué lado.