EDITORIAL
Los resultados hablan y también delatan
El proceso de elección de cortes avanza a pesar de los tropiezos inducidos. Está bajo fuerte auditoría pública.
Ya desde julio último, el Departamento de Comunicación del Ministerio Público de Guatemala deploraba anticipadamente que los delegados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) no hubiesen destacado en sus observaciones de cierre de visita al país su versión de hechos acontecidos vinculados con un patrón de aplicación de procesos y encarcelamiento en contra de operadores de justicia que participaron en investigaciones anticorrupción o de periodistas como Jose Rubén Zamora, encausado por un supuesto delito que no se ha demostrado, cuyo juicio fue anulado por serias deficiencias procesales pero sigue encarcelado debido a recurrentes ausencias del MP o querellantes. Lo señala la CIDH en su informe preliminar, en el cual formula 40 recomendaciones, una de ellas un análisis independiente de la legalidad de las acciones de la Fiscalía.
Resulta llamativa la celeridad con la cual el MP actúa en contra de abogados, exfiscales y funcionarios, o pide antejuicios contra magistrados del TSE por un supuesto fraude no demostrado, o incluso contra el mandatario Arévalo, contra quien el fiscal Rafael Curruchiche dirigió invectivas la semana pasada en la presentación de un supuesto caso de corrupción cuyo indicio es un audio de dudosa legalidad. La interlocutora de dicha llamada, la exministra de Comunicaciones Jazmin de la Vega, niega haberla grabado. ¿Quién, entonces?
No solo el MP está en las observaciones de la CIDH. También figura el procurador de Derechos Humanos, José Alejandro Córdova, electo por el anterior oficialismo, a quien se le recomienda que cumpla con el mandato para el cual fue designado. En otras palabras, se le pide que aparezca, pues se ha convertido en un personaje invisible y, por lo tanto, irrelevante: nada que ver con un ombudsman.
Lamentablemente, a nivel continental existen varios lamentables ejemplos de retorcimiento de leyes para acallar, intimidar o encarcelar a opositores. Basta ver cómo una fiscalía citó al excandidato presidencial venezolano Edmundo González para una supuesta averiguación sobre sus reclamos de fraude electoral en los comicios de julio; o el uso de fiscalías y juzgados en Nicaragua para reprimir a ciudadanos que critican al régimen bicéfalo. Son situaciones abyectas que pervierten la función y sentido de origen de tales entidades, pues dejan de servir al ciudadano para ser lacayos del despotismo.
Las conclusiones de la CIDH no se basan en versiones unilaterales, sino en cotejos de entrevistas con varios sectores. Es obvio que no le van a gustar a quien resulte cuestionado, sobre todo cuando hay parsimonia notable y total ausencia de resultados en denuncias y casos sórdidos como la estafa en la compra de equipo del hospital de Chimaltenango, el incumplimiento de contratos de construcción de obras del gobierno anterior e incluso el reciente escándalo B410 de defraudación tributaria y millonarias compras de baja cuantía, a todas luces lesivas y amañadas.
El proceso de elección de cortes avanza a pesar de los tropiezos inducidos. Está bajo fuerte auditoría pública. La convocatoria de aspirantes tuvo amplia respuesta, y aunque varios operadores quieren meter las manos, la intromisión a través de títeres resulta más complicada y más pública. Eso genera miedos en ciertos grupos y explicaría ciertas acciones precipitadas, incluyendo la secuencia de sobreseimientos de procesos contra exfuncionarios y politiqueros —que no políticos— involucrados en saqueos, lavados y negocios lesivos. Además, el calendario sigue corriendo fuerte y firme sobre plazos inexorables.
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