En el devenir político pululan personajes que se encuentran en la permanente aspiración de obtener la venia ciudadana, ya sea de recién llegados, figuras partidarias o gobernantes. Todos procuran ganar la atención del público, necesitan de aprobación, buscan figurar para construir, mantener o cambiar su imagen, adquieren la personalidad necesaria según su criterio o el de sus asesores, que no necesariamente coinciden.

Existen personajes cuya imagen proyectada es la de líderes autónomos, que supuestamente rompen esquemas, que no siguen a la política tradicional y por ello sus declaraciones, conductas y decisiones marcan rupturas, buscan la controversia como arma de publicidad e incluso prefieren ser detestados que ignorados; exhiben discurso vehemente en busca de no ser tildados de débiles o dubitativos, se posan más allá del espectro político a fin de poder criticar a sus rivales desde una postura aparentemente distante a las rencillas ideológicas.

El caso del actual presidente de EE. UU., Donald Trump, marca una de esas inflexiones cuya base fundamental es el cuestionamiento a la metodología política y a las mismas instituciones, según estas respondan o no a sus designios. Llegó al poder con una airada oferta basada en dos aspectos: reducir la migración —a la cual culpa de los males de su país— y potenciar la producción económica.

Se trata de un juego de poder en el cual la base electoral constituye la apuesta; las cartas son aquellas acciones que se desea impulsar, incluso en contra de lo usualmente aceptado o de lo económicamente viable. Es así como el famoso muro físico entre México y EE. UU. es una pieza de su oferta de reelección que está en proceso en algunos tramos, aunque no con la magnitud con la que su discurso inicial ofrecía. En su lugar impulsó un endurecimiento de leyes que desató una indeseable crisis humanitaria en la frontera, cuya huella moral golpea su imagen entre los estadounidenses que se precian de ser una nación que abandera los derechos humanos o que alimenta su perfil de fortaleza entre quienes tienen una actitud más proclive al nacionalismo racial. Es allí donde el tiempo político, de cara a las elecciones del 2020, ha obligado a Trump —y él a sus funcionarios— a acelerar las negociaciones de acuerdos migratorios con México, El Salvador, Honduras y, por supuesto, Guatemala, en donde gracias al manejo comunicacional del Gobierno —y a sus fenecientes tiempos políticos— se ha quedado varado en una maraña de requisitos legales agravada por el secretismo gubernamental.

En el plano económico, el desempleo estadounidense ha caído a niveles históricos y la economía ha tenido cierto crecimiento. Si tal tendencia se mantiene, Trump tendrá una buena base para mantener sus ofrecimientos iniciales, culpando a los demócratas por los atrasos en ambos. El juicio político que estos impulsan parece tener asegurada una victoria en el Congreso, pero no en el Senado, mayoritariamente republicano. Es allí donde las agujas del cronómetro político tendrán más peso o no conforme ocurran o no dos cosas: la augurada recesión económica global, a causa de la guerra comercial EE. UU. – China que Trump detonó y por la desaceleración del consumo podrían golpear las boyantes cifras de empleo, lo cual se complica por crecientes exigencias de aumento salarial, so amenaza de huelga, en el sector automotriz, piedra fundamental del plan económico trumpista. Solo la concreción total del plan migratorio con el Triángulo Norte y México en el cortísimo plazo sería una carta suficientemente poderosa para obviar una potencial crisis económica en los tiempos de gobierno de un superpoderoso magnate.