Estados Unidos
EDITORIAL
Madrugón en el máximo tribunal
El país está por cerrar un proceso de renovación institucional que se debe respetar.
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La Corte de Constitucionalidad 2026-2031 comunicó a eso de la 1 de la mañana de ayer que estaba integrada e instalada, tras haberse efectuado la sesión de toma de posesión de los nuevos magistrados. Al mediodía, tuvo lugar el acto protocolario en el Teatro Nacional, tras unas vísperas marcadas por una solicitud de orden de captura por parte del Ministerio Público contra la ahora magistrada Astrid Lemus, electa por el Colegio de Abogados, por un supuesto caso de fraude en tal votación, el 13 de febrero último, en la cual irrumpieron fiscales de forma aparatosa. Lemus fue electa a pesar de la exclusión del voto de las carreras afines por fallo de la anterior magistratura de la CC.
Ninguna instancia quiso avalar el pedido de orden de captura de la Fiscalía. Fue comidilla pública que ni siquiera la Sala Tercera de Apelaciones, otrora aquiescente a solicitudes de la Fiscalía, tuvo los arrestos —literalmente— para avalar semejante petición. La Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia recién le enmendó la plana a dicha sala, al anular órdenes de aprehensión que emitió en el 2025 en otro caso.
En su discurso de toma de posesión, la presidenta de la nueva magistratura de CC, Anabella Morfín, resaltó que buscaría recuperar el prestigio del tribunal, “en cumplimiento de los principios y valores que establece la Constitución de imparcialidad, objetividad e independencia”. El primer reto llegó horas antes, aún de madrugada, cuando los magistrados Roberto Molina Barreto —reelecto por el Congreso—, Dina Ochoa —reelecta por la Corte Suprema de Justicia— y Julia Rivera —designada por la Universidad de San Carlos— le entregaron una propuesta a Morfín para que se conociera un amparo contra la participación de jueces en el proceso de postulación para fiscal general que se encuentra en marcha.
Es algo llamativo, puesto que la magistratura saliente, en la que estaban dos de los magistrados reelectos, no resolvió las dilaciones para elegir y dar posesión a representantes del Consejo Superior Universitario (CSU), el mismo ente que con una notoria exclusión de representantes electos reeligió, bajo sombras de inconstitucionalidad, hace una semana, a Walter Mazariegos como rector. Sí, el mismo CSU que designó a la tercera magistrada proponente.
Un aspecto llamativo fue la presencia de los presidentes de todos los entes nominadores de magistrados, excepto Mazariegos, quien envió en su representación al decano de Humanidades. Así también fue una coincidencia que tanto la magistrada presidenta saliente Leyla Lemus, como la magistrada presidente entrante, Morfín, fueron designadas por la presidencia y que una abogada entregara el mando a otra. Además, es la primera magistratura de la CC en la cual hay una mujer indígena, María Jocholá, magistrada suplente.
Más allá de lo anecdótico, de los torbellinos legales y hasta de los cabildeos que habrían incidido en extraños carambolazos para algunas designaciones, la nueva CC tiene ante sí la grave misión de fortalecer la certeza jurídica, consolidar la democracia y reforzar el Estado de derecho. El tribunal constitucional debe ser faro que guíe la recta aplicación de la justicia con apego a las garantías ciudadanas, lo cual no quiere decir laxitud, sino coherencia. Sin duda, habrá un mayor debate, pues, a diferencia de la anterior cohorte, no existió un influjo predominante: hubo más debate, publicidad y discusión; en una democracia eso es bueno. El país está por cerrar un proceso de renovación institucional que se debe respetar y, también, prácticamente en los prolegómenos de un nuevo proceso electoral.
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