El Congreso adeuda a la ciudadanía que lo eligió la elección de magistrados de cortes, un proceso que tuvo retrasos a causa de recursos legales contra la injerencia de operadores políticos, pero para el cual en este momento no obstan más que los intereses, dilaciones y pretextos que se manejen en los entretelones legislativos, sobre todo a nivel de directiva. Sin embargo, esta designación solo es uno más de los asuntos pendientes que tenía el Congreso antes de la pandemia, y que siguen allí a la espera de una mínima muestra de iniciativa, coherencia ética y cumplimiento de la palabra dada en campaña.

Ningún diputado, reelecto o novel, puede alegar ignorancia sobre los aspectos urgentes, que con cada día de atraso implican un alto costo de oportunidad y competitividad para el país. Cualquier alegato de desconocimiento es pura dejadez, irresponsabilidad o intereses ocultos, ya sea de quienes vienen rebotando por varios períodos legislativos o quienes de candidatos presumieron diciendo que iban a renovar este poder del Estado. No está de más recordarles a los ocupantes de honorables curules que tienen el tiempo en contra para ocuparse de asuntos referentes al bien común y no a su bien particular.

Es urgente la discusión sobre la nueva Ley de Infraestructura Vial, para evitar más fiascos como el libramiento de Chimaltenango o el fraude de la ruta sur, que dejó a medias la constructora Odebrecht. También se necesita viabilizar la Ley de Competencia, la de Promoción de las Inversiones (ProGuate), las reformas a la Ley de Zonas Francas y una nueva normativa de puertos, para terminar con todas las ambigüedades que hoy son fuente de corrupción. Asimismo, si en verdad buscan un país renovado, deben aprobar sin agendas ocultas la nueva Ley de Servicio Público.

El Ejecutivo también tiene prioridades preexistentes sobre las cuales existen algunas acciones pero no una política estructurada de mediano y largo plazo: el combate de la desnutrición y la inseguridad alimentaria. Bien podrían comenzar por aclarar qué ocurrió con los recursos destinados al proyecto Crecer Sano, financiado por el Banco Mundial, que el gobierno pasado no supo, no pudo o no quiso implementar; tal averiguación bien podría ir acompañada de las denuncias civiles y penales contra los responsables de un posible mal uso de fondos. También está pendiente la depuración de empleados públicos, con base en el censo de burócratas efectuado a paso de tortuga en el período precedente pero que puede servir de guía para eliminar plazas fantasmas o innecesarias y así reducir la proporción de gasto destinada a funcionamiento y no a inversión.

El país carece de un proyecto interinstitucional para aprovechar el bono demográfico de niñez y juventud, un valioso potencial que se posee actualmente y que tiene un tiempo de caducidad. Este plan debe incluir renovación educativa, generación de estrategias productivas, becas para estudiantes talentosos de secundaria y universidad, para que se conviertan en los protagonistas del desarrollo futuro. Finalmente, se debe replantear la política de Estado para la conservación ambiental que permita conservar e incluso incrementar las zonas de riqueza biológica, para posicionar al país como un destino global de ecoturismo, todo un gran potencial de ingresos en el mundo pospandemia.

Así como para los escolares de hoy cambió el entorno y la metodología, pero no la obligación de cumplir con sus tareas, para toda persona en un cargo electo el covid-19 trajo nuevos elementos de contexto, pero su deber sigue siendo el mismo.