Según la polaridad política desde la cual se juzgue el ajedrez de poder estadounidense, el éxodo migratorio se vuelve un argumento de crítica a los demócratas, que poco han avanzado en temas de regularización, o de ansiosa esperanza de retorno de republicanos  a la Casa Blanca y a la mayoría del Congreso, aunque divididos entre los moderados y los seguidores de la congregación trumpista  por la cual siguen suspirando muchos.

Faltan seis meses para las elecciones legislativas de medio término, en las cuales el asunto migratorio es solo uno más del combo de temas encabezados por la economía inflacionaria, la barbarie rusa en Ucrania y con ello la hegemonía global estadounidense, la eterna polémica por el extendido derecho a la tenencia y portación  de armas, las pugnas raciales, la mejora en la calidad educativa, la lucha antidrogas y quizá, en último término —a diferencia de hace dos años— el manejo de la pandemia, que parece estar en su tramo final de restricciones en dicha nación.

La migración, sin embargo, tiene al menos tres décadas de ser una baza política, cuyo peso depende del estado de la Unión en que se evalúe y también el momento nacional. Es así como se han aprobado varios planes, tanto desde presidencias y congresos, y  desde ambos signos partidarios, con la primordial intención de generar una sensación de control del problema para sus ciudadanos, pero también para remarcar la esfera de influencia estadounidense. El Plan Puebla-Panamá, del 2001, fue uno de los primeros y más sonados intentos al cual han seguido otros, como la Alianza para el Progreso, en el gobierno de Barack Obama, o   América Crece, con Donald Trump, con una visión de choque para crear virtuales muros fronterizos y políticas de asilo fuera del territorio estadounidense.

En lo que va del año fiscal estadounidense, ya se reportan más de un millón 600 mil personas detenidas en su intento por cruzar la frontera, uno de los mayores números de la historia. El levantamiento del Título 42, la restricción sanitaria establecida por Donald Trump que permitía expulsar a indocumentados de forma sumaria, amenaza con acrecentar la llegada de migrantes, entre adultos solos, menores no acompañados y grupos familiares, que solo buscan una oportunidad de mejora económica en un país que ya tiene   dificultades de desempleo, costo de vida y déficit.

Es allí donde resurge la discusión de cómo conseguir y potenciar el apoyo de México y los países centroamericanos para frenar el éxodo. Y es esa la razón por la cual se desarrolló en Panamá un encuentro con el secretario de Estado y otros altos funcionarios para relanzar estrategias de apoyo al desarrollo económico y social de los países emisores de migrantes. El gran desafío radica en convertir el crecimiento económico en procesos de generación de empleo, educación y oportunidades para la población más joven, que es la que más emigra.

La corrupción,  los clientelismos, las deficiencias en el combate de la pobreza y la penetración de narcopartidos en los espectros políticos constituyen otros frentes que el gobierno de EE. UU. necesita atender con celeridad; primero, porque vienen los comicios ya mencionados, pero sobre todo  porque son factores  que deterioran el estado de Derecho y agravan el éxodo. Sobre esto último  hay un tácito acuerdo bipartidario desde el  último año y medio de Trump. En otras palabras, gane quien gane en noviembre, el combate de las causas de la migración generará más presión hacia Estados como Guatemala, que a su vez dependen del envío de remesas para mantener a flote su macroeconomía.