Editorial
Miopía de dos décadas agrava reto arancelario
Uno de cada US$10 de producto interno bruto proviene de la agricultura y agroexportación, pero podría y debería ser más.
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Desde hace más de dos décadas, los programas de tecnificación agrícola, microrriego y asesoría a pequeños productores han sido intermitentes, a menudo discontinuos y carentes de una prospectiva fundamentada y evolutiva. A inicios de este siglo, el mantra de la politiquería era repartir fertilizantes bajo criterios clientelares, a menudo de manos de diputados distritales y alcaldes que fertilizaban, pero sus planes reeleccionarios, y beneficiaban a sus allegados: nada más miope que eso, porque a la larga solo hubo cambio de beneficiarios y la repetición de patrones opacos de reparto.
Mientras tanto, gobiernos de otros países se ocuparon de diversificar estratégicamente su producción, mejorar variedades vegetales, introducir cultivos eficientes y aumentar la rentabilidad a través del cultivo orgánico, del impulso de la calidad gurmé y del procesamiento industrializado de subproductos agrícolas, a fin de aprovechar excedentes y abrir nuevos mercados. Este proceso abarcó la transformación de la llamada “agricultura de subsistencia”, para convertirla en pilar alimentario y de la economía comunitaria, lo cual va ligado con la conservación de recursos naturales y políticas de nación.
Ciertamente, en Guatemala ha existido una mejora productiva agrícola apuntalada, sobre todo, por el afán de empresas del agro, cooperativas y cooperación de algunos países. El altiplano del país es considerado aún como el huerto de Mesoamérica, porque surte de verduras a países cercanos y también distantes. Sin embargo, la expansión productiva se ha visto lastrada por la falta de infraestructura, la limitada asesoría técnica y pocos incentivos fiscales. Uno de cada US$10 de producto interno bruto proviene de la agricultura y agroexportación, pero podría y debería ser más.
La esquizofrenia arancelaria estadounidense, aplicada incluso en contra de países (supuestamente) amigos y aliados, como Guatemala, impone una carga pesadísima a la agroexportación que no solo abarca a grandes productores, sino también a medianos y pequeños de todas las regiones. Cada día esos gravámenes de 10% a las verduras, frutas, flores, café y otros productos agrícolas guatemaltecos implican un sobrecosto de US$1.2 millones, como mínimo. Son productos de excelente calidad que costarán más al público estadounidense, una carestía que, paradójicamente podría favorecer a países que no necesariamente son aliados de la potencia.
Pero esa labor de convencimiento, de cabildeo, de exposición de ventajas y solicitud de retorno a cero arancel constituye una labor del gobierno actual. Se puede insistir, con respeto pero también con firmeza, en canales diplomáticos y comerciales, en la conveniencia para EE. UU. de contar con un proveedor agrícola como Guatemala. Sí, los tonos trumpistas son estridentes y pueden reflejar intransigencia; sin embargo, ante razones prácticas y alta calidad certificada, bien podría generarse una alianza de mutuo beneficio.
Del lado prospectivo, al inicio de este gobierno se anunció la implementación de planes de riego a bajo costo, incluida una política 2024-2033, pero hasta el momento no se tiene mayor noticia de los avances, la cobertura lograda o la ruta para los potenciales beneficiarios. Eso, por mencionar solo un factor. Además de la negociación con aplomo, se necesita de una visión clara de las oportunidades de negocio, los espacios de innovación y los mecanismos de capacitación para dar al campo el lugar que se merece en la estrategia nacional de desarrollo, que también abarca mejoras logísticas para el transporte interno y el embarque de los frutos de nuestro suelo.
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