Suman veinte los derrumbes en taludes, deslaves e inundaciones en el libramiento de Chimaltenango. Son el constante recordatorio de las evidentes fallas técnicas, mal diseño, pésima supervisión y mediocre ejecución de la obra que José Luis Benito, ministro de Comunicaciones en el gobierno de Jimmy Morales, calificó de “Un monumento para nuestra nación”. En efecto, es un oneroso memorial del desastre que sucede a la asignación de obras públicas bajo licitaciones amañadas que a su vez entrañan una compensación ilícita. Esta abyecta práctica, lejos de reducirse, podría ir en aumento a través del botín vial de Q3 mil 191 millones confabulado por el Congreso en febrero último.

La noche del martes recién pasado, otro derrumbe bloqueó el paso en los cuatro carriles del libramiento, inaugurado de forma subrepticia en plena campaña presidencial de 2019. Para evitar el señalamiento de usar obra pública como propaganda, el anterior Ejecutivo declaró que se trataba de una “supervisión”, sí, una que contó con toldo, discursos presuntuosos y recorrido presidencial en un vehículo convertible. Aunque hubiera sido cierto que el fin era supervisar, se trató de una comprobación inútil, pues los desplomes de paredones han sido constantes en apenas tres años. El primero ocurrió en septiembre de 2019, apenas 4 meses después de la apertura.

Pese al obvio y millonario fiasco lesivo, las pesquisas y acciones del Ministerio Público en este caso han sido lentas e incluso deficientes, tal como se evidenció en la audiencia del 28 de enero de este año, cuando la jueza a cargo del Tribunal de Mayor Riesgo C, Silvia de León, ligó a proceso al exministro Benito, no sin señalar omisiones de pruebas en el expediente y una “pobre argumentación” de la Fiscalía.

Benito se había entregado siete días antes, después de haber estado prófugo desde octubre de 2020, cuando se emitió orden de captura en su contra por otro caso en el que se le vincula, el de los Q122 millones en efectivo hallados en maletas con su nombre en una vivienda de Antigua Guatemala. Por el caso del libramiento la orden se extendió el 6 de febrero de 2021. El exfuncionario se entregó el viernes 21 de enero de 2022 y la jueza De León ordenó prisión preventiva, por riesgo de fuga.

Siete meses de aquella plana enmendada no se sabe de acciones disciplinarias del MP en contra de las dos fiscales a cargo de la acusación deficiente contra Benito. Eso sí, se difundió la captura y procesamiento del fiscal Eduardo Pantaleón, acusado de haber beneficiado a Benito, pese a que llevó el caso solo hasta julio de 2021, cuando la fiscal general, Consuelo Porras, ordenó su traslado desde la Fiscalía Anticorrupción a otra unidad. Por mucho menos han sido procesados otros exempleados de la institución, lo cual abre una circunvalación de suspicacias. De manera coincidente, para el miércoles último estaba programada la audiencia, en otra judicatura, para decidir si Benito enfrenta juicio por supuesto lavado de Q122 millones, una oportunidad capital para que el MP aporte argumentos e indicios sólidos con todas las exigencias de calidad proclamadas reiteradamente en distintos foros por Porras.

Junto al exministro están acusadas 22 personas más en el fraude del libramiento que costó Q644 millones a los guatemaltecos. Por su gravedad y dimensión, este juicio puede llegar a convertirse en un verdadero monumento al castigo a la corrupción, la mediocridad y el tráfico de influencias, un precedente que disuada a promotores, cómplices o beneficiarios de esos ilícitos.