Editorial
Mortal círculo vicioso carcelario persiste
Cualquier medida por implementar solo funciona si va acompañada de voluntad política y auditorías que eviten su sabotaje o uso selectivo.
Apenas el 4 de marzo último, en una requisa en la cárcel de Pavón se encontraron armas de fuego, cuchillos y drogas. También teléfonos móviles: no 10 ni 50 ni cien, sino 400, y ello sin mencionar los chips, los radiocomunicadores o las terminales de internet. Traducido en idioma de vulnerabilidades, todos estos hallazgos implican continuadas exacciones contra la ciudadanía, inmundos privilegios, vulnerabilidades desatendidas y un persistente ciclo corrupto que facilita estos trasiegos. Los operativos de revisión carcelaria se repiten como un perverso déjà vu. El 5 de marzo hubo otra requisa en el reclusorio Preventivo de la zona 18. Similares hallazgos.
El ingreso de ilícitos en las cárceles de Guatemala es una constante transgresión que revela una falla estructural: un sistema caduco, decimonónico y con el perverso incentivo de la impunidad. El soborno o intimidación suele convertir a los guardias penitenciarios en el eslabón más débil de la cadena de justicia. O quizá ese eslabón herrumbrado está en los juzgados que interfieren cuando se traslada a un reo peligroso a centros de máxima seguridad: sí, esos jueces que sospechosamente ordenan el retorno de sanguinarios antisociales a prisiones de menor seguridad, con argumentos de derechos humanos que tales delincuentes jamás consideraron para la víctimas de sus tropelías.
O quizá ese engranaje roto está en la politiquería sucia y barata, que también extorsiona, chantajea, miente y socava la institucionalidad. Esto incluye a los merolicos neuróticos en campaña anticipada, y se oponen a proyectos carcelarios por estar en tal o cual localidad, alegando que se trata de instalaciones peligrosas. ¿Y entonces qué es lo que proponen para enfrentar ese problema, si es que acaso llegan a ser electos? Eso no lo responden porque no les interesa resolver necesidades, solo publicar videos virales.
No todos los reos en las prisiones son pandilleros, ni todos los pandilleros sanguinarios están encerrados; ni el encierro asegura el aislamiento de los presos. Y vuelta a repetir el ciclo. El replanteamiento carcelario precisa de rigor, visión integral y alguna posibilidad de rehabilitación, bajo exigentes programas —para evitar fraudes— dirigidos a quienes estén verdaderamente interesados en reinsertarse. La reincidencia debería estar penalizada con mayor dureza, así como la supervisión de los jueces que transijan con intereses ajenos al bien de la mayoría de ciudadanos.
Todo el sistema de visitas a privados de libertad debería efectuarse mediante ventanillas blindadas, y no como días de campo. Los registros de ingreso deben incluir rayos X, y cualquier trasiego debe tener consecuencias para el infractor y reos conexos, pero esto precisa de legislación innovadora, inteligente, integral: características de las cuales carecen muchos diputados. El bloqueo de toda señal de telefonía e internet desde las prisiones es un lío que lleva más de tres lustros sin concretarse. ¿Quién no tiene la voluntad de hacerlo?
Pero cualquier medida por implementar solo funciona si va acompañada de voluntad política y auditorías que eviten su sabotaje o uso selectivo. Porque mientras desde las cárceles se sigan coordinando extorsiones y operaciones delictivas, el ciclo perverso seguirá. El 11 de marzo hubo una requisa en la granja penal Canadá, en Escuintla: hallaron 12 celulares. El 13 de marzo se inspeccionó la cárcel de Puerto Barrios: encontraron 69 celulares. El 20 de marzo último hubo requisa en la prisión Los Jocotes, en Zacapa: 30 televisores, 15 microondas, 15 refrigeradores, ocho antenas satelitales de internet, decenas de metros de cable y, por supuesto, teléfonos móviles.