Existen individuos y sectores que, cuando les conviene, invocan la institucionalidad y el estado de Derecho, pero cuando las decisiones, fallos legales y resoluciones legítimas les resultan adversos a sus intereses, urden ataques arteros y sistemáticos, a menudo ocultos bajo la nebulosa del anonimato, mediante redes sociales y también por arcaicos métodos, reflejo de la mentalidad de sus autores, tales como mantas colgadas en pasarelas.

Resulta preocupante que, a estas alturas del proceso democrático, quienes se consideren afectados por ciertas decisiones emprendan campañas de desprestigio y desgaste psicológico propias de las épocas más oscuras de terror, en lugar de utilizar los recursos legales a disposición de todo ciudadano. Por supuesto, esto conlleva la aceptación de las resoluciones emitidas por instituciones cuya base legal tiene rango constitucional.

Es por ello que resultan graves y preocupantes las intimidaciones denunciadas por Leopoldo Guerra, director del Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral. Ocupa ese cargo desde hace cinco años y sus atribuciones lo colocan en un escenario de decisiones históricas, precisamente porque se encuentra en el epicentro de los procesos políticos, sobre todo en año electoral.

Desde las difíciles elecciones del 2015 y también en la consulta popular sobre Belice, en el 2018, Guerra ha conducido la mayor dependencia del TSE con un equipo que supera las 450 personas. Durante su gestión, el Registro de Ciudadanos emprendió la cancelación de varios partidos políticos, incluyendo el oficialista FCN-Nación, por financiamiento electoral no reportado. Varios de esos procesos no pudieron concluirse a tiempo y por eso organizaciones señaladas participan en la actual contienda electoral, debido a garantías constitucionales. Agrupaciones como los otrora poderosos Patriota y Líder fueron extintas dentro de la administración de Guerra.

El origen de los ataques, según considera Guerra, fue el anuncio de la inscripción de la ex fiscal general Thelma Aldana como presidenciable del Movimiento Semilla, caso que está en medio de controversia por impugnaciones y porque ella sigue fuera del país por una orden de captura en su contra. Cuando las amenazas subieron de tono, el funcionario tomó la decisión de hacer público su temor sobre su seguridad y la de sus seres queridos. El tema reviste un alcance internacional, ya que solicitó medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Esta situación se suma a las intimidaciones contra jueces y operadores de justicia denunciadas en reiteradas ocasiones desde 2018, las cuales han sido repudiadas por la Organización de Naciones Unidas, Estados Unidos y la Unión Europea, que las atribuyen a grupos fácticos que adversan la lucha anticorrupción y la defensa de derechos ciudadanos.

Guerra califica de cobardes los ataques anónimos desde la red Twitter, pero identifica a una persona por nombre y apellido entre sus agresores. En todo caso, dada la delicada coyuntura electoral, el Ministerio Público tendría que haber dejado ya la usual posición vigilante y emprender una eficiente investigación de oficio, sobre todo por estar en plena marcha un proceso electoral. A estas alturas del desarrollo tecnológico, demostrado está que se puede rastrear a los autores de mensajes que no solo entrañan amedrentamiento a personas, sino que intentan afectar el correcto actuar de instituciones.