Si la gritería suplanta el debate de altura y la prepotencia ocupa el lugar de la autoridad moral, un Congreso pierde su naturaleza política por excelencia, puesto que el origen etimológico de esta palabra alude a reunirse, a ir juntos. Lamentablemente, el jueves último el congreso guatemalteco exhibió toda una galería de afanes de protagonismo. Por un lado, una directiva con pies de barro intenta imponer una agenda de propósitos difusos, y por el otro, una oposición de dispares intereses resulta incapaz de esbozar una propuesta visionaria y constructiva de nación.

El oficialismo salió maltrecho de dicha plenaria, en la cual el punto de discordia era el veto presidencial a un decreto legislativo que pretende facilitar el aplazamiento de pagos de servicios básicos en el contexto de la crisis económica causada por el coronavirus, un tema de importancia clave para millones de guatemaltecos allí representados. La tardanza de cuatro horas de la presidencia legislativa para dar inicio a la sesión, convocada a las 10 de la mañana, parecía emular anteriores prácticas. Ello condujo a un grupo de diputados a caminar, con transmisión en vivo por redes sociales, hasta la oficina de la Directiva para reclamar a gritos el comienzo de la reunión. Tal encontronazo golpea la altura del debate y el decoro que debe prevalecer en tan importante foro.

El presidente del Congreso, Allan Rodríguez, no alcanzó a aclarar la razón de su retraso y finalmente, en este marco de agitación, comenzaron las intervenciones del debate, en donde se alternaron gritos ininteligibles, pancartas obviamente premeditadas y hasta la táctica de querer romper el quorum mediante el abandono del hemiciclo, la cual no le funcionó a la bancada oficialista, pues la sesión concluyó con la aprobación del rechazo al veto presidencial, con todo y sus ambigüedades.

También hay posibles inconstitucionalidades, entre las cuales puede haber amenazas a la libertad de industria, comercio y trabajo. Una arbitraria suspensión total o parcial de pagos puede llegar a poner en peligro la misma prestación de los servicios que se busca garantizar. Por otra parte, no existe claridad sobre lo que se denomina servicios “esenciales”, y para evitar aplicaciones maliciosas de la norma debe haber una clara taxonomía de sus alcances y límites.

Tales deficiencias, que podrían fundamentar impugnaciones en la Corte de Constitucionalidad, terminan de exhibir la incapacidad prevaleciente en el Congreso. Los diputados no están obligados a ser expertos en Derecho, pero todas las bancadas tienen asesores, con onerosos salarios, a cargo de verificar la corrección de los decretos. Si esta labor no se desarrolla, entonces tales gastos en asesoría no tienen razón alguna de ser. Mientras tanto, el objetivo de apoyar a la población en dificultades continúa sin concretarse.

El tema de fondo es la urgencia de mejorar la calidad y métodos del trabajo legislativo, tanto en comisiones como en el pleno. La delicada situación nacional y global exige leyes que faciliten el retorno a la actividad productiva, que viabilicen el empleo de tiempo parcial y a distancia, que garanticen asistencia a la población desfavorecida y que contribuyan a la renovación del Estado. Se necesita una ética de trabajo y capacidad de lograr acuerdos. De nada sirve un oficialismo intolerante y despectivo hacia los críticos, pero estos son igualmente improductivos si no construyen una propuesta coherente. No estamos en campaña. El país no necesita de desplantes ni de exhibicionismo, necesita congresistas serios que quieran y puedan marcar un rumbo diferente para el país.