A lo largo de la historia ha quedado demostrado que no existen tiranías de derecha o de izquierda, sino solo regímenes intolerantes que reprimen las libertades ante la incapacidad de poder llevar un diálogo civilizado y de garantizar los derechos básicos. Ya sea que enarbolen la identificación de uno u otro signo, la prepotencia, el abuso y las amenazas a la convivencia pacífica son perversas, dañinas y condenables, de donde sea que provengan.

En países como Guatemala, que ha pasado por largas dictaduras y épocas de represión, el sistema democrático se convirtió en una ventana hacia mejores expectativas de desarrollo, permitió una creciente expresión de ideas contrastantes y marcó la posibilidad ciudadana de exigir eficiencia y probidad a los gobernantes electos. Desafortunadamente, las administraciones han transcurrido con más vergüenza que logros, debido a la corrupción, el nepotismo, la incapacidad y otros males que han complicado los indicadores nacionales.

Por otra parte, el descontento social ha sido utilizado como detonante de conflictividad. El régimen de libertades plasmadas en la Constitución se ha utilizado como excusa para cometer abusos que obvian la contraparte de obligaciones ciudadanas que también figuran en la Carta Magna. Supuestos líderes que resultan tener cierta facilidad para el discurso confrontativo azuzan emociones, frustraciones e incluso temores de determinadas comunidades y las involucran en acciones ilegales por principio. Tal es el caso de los bloqueos de carreteras, que son una medida recurrente pero estéril, llamativa pero totalmente contraproducente y desgastante porque no genera simpatía alguna hacia sus impulsores.

No se trata de repartir etiquetas de izquierda o derecha. Tan perjudiciales son los cierres de vías organizados por grupos como el Comité de Desarrollo Campesino (Codeca) como los anunciados por grupos de supuestos expatrulleros civiles y exmilitares para presionar por un pago. Desafortunadamente, esta forma de protesta se ha extendido y se utiliza indistintamente para pedir maestros de una escuela, exigir alumbrado público y hasta por pilotos de autobuses que exigen les sean retiradas multas de tránsito.

Los efectos económicos siempre son nefastos e irreparables, no solo porque golpean la actividad productiva, sino porque hacen daño a las vidas de miles de guatemaltecos trabajadores. Algunos bloqueadores incluso ofrecen disculpas a la población por las molestias, cuando en realidad les importan muy poco las necesidades ajenas y solo ven su propio beneficio. A su vez, aunque existen fallos judiciales que prohíben los bloqueos viales, varios gobiernos los han utilizado a conveniencia: reprimen a unos pero actúan con parsimonia con otros, cuando la coyuntura así se los dicta. En realidad nunca más debería ocurrir este tipo de ilegalidad y los instigadores deben afrontar las consecuencias de sus acciones.

El derecho a la libre expresión está consagrado en la Constitución y es menester ejercerlo. Pero puede hacerse de formas inteligentes, proactivas y hasta más impactantes. Desafortunadamente han sido recurrentes los cierres carreteros y se reportan golpizas contra quienes intentan pasar las barricadas. Incluso se ha dado el caso de pacientes fallecidos en ambulancias a las cuales no se les permitió el paso en nombre de una reivindicación que no compensará nunca el valor de una vida perdida por la necedad de otros.