Los parches sirven como una solución de emergencia para pinchazos en el camino, pero cuando ya son demasiados aumentan los riesgos para la seguridad. Algo similar, pero a escala masiva y con extensos efectos, ocurre con las modificaciones a leyes. Si los cambios son leves o esporádicos, se puede seguir adelante por un tiempo prudencial. Pero cuando las normas se desactualizan o se improvisa arreglo sobre arreglo, es decir, parche sobre parche, es tiempo de plantear iniciativas de ley técnicamente consensuadas, con análisis legal y pertinencia contextual, en un marco que priorice el bien común y una visión de Estado.

En el caso de los imprudentes cambios a la Ley de Contrataciones, aprobados el 28 de abril, por 89 diputados evidentemente apresurados para responder a intereses clientelares y no en favor de la eficiencia del gasto público, el veto presidencial era una acción demandada por diversos sectores, ciudadanos, académicos y económicos. El presidente Giammattei regresó el decreto al Congreso con algunas recomendaciones, según anunció, las cuales tampoco responden a todos los cuestionamientos que pesan sobre tal modificación.

Dicha ley ha sido objeto de sucesivos cambios que, en conjunto, ya no responden a la transformación que se ha dado tanto en las necesidades de la administración pública como en las posibilidades de fiscalización en tiempo real que permite la tecnología. La incorporación de recursos como la factura electrónica, el registro de proveedores verificados y la publicación automática del detalle de compras y contrataciones de personal deben formar parte de una nueva visión de gobierno digital, tanto a nivel de municipalidades como de gobierno central y dependencias descentralizadas.

El ciudadano no debería tener que solicitar por ley de acceso a la información el dato de lo que costaron los almuerzos de diputados en la sesión solemne por el Día de la Constitución del 31 de mayo, ni el número de asesores contratados por bancada o de los gastos acreditados a cuenta de caja chica; lo mismo aplica para las contrataciones de trabajadores municipales o las adquisiciones directas. El fraccionamiento de compras para disfrazar adquisiciones discrecionales debería quedar sancionado. Las compras de baja cuantía deben ser, en efecto, de magnitudes acordes al uso pragmático pero transparente de recursos.

La ejecución de recursos públicos no tiene por qué ser engorrosa, pero tampoco tiene por qué ser una puerta giratoria para el dispendio. Existen tantas necesidades comunes a los ministerios que bien podrían coordinarse para mejorar precios y calidades. Así también hay ejecuciones de obra que deben contar con mayor celeridad y esto puede viabilizarse mediante contratos abiertos bajo auditoría electrónica que combinen agilidad y cuentadancia.

Para ello se necesita de una iniciativa de ley moderna, consensuada con el debido tiempo, con participación de todos los sectores, con criterios profesionales, centrados en calidad de gestión y no en arreglos bajo la mesa. Vale señalar que son los actores de estos pactos venales quienes más ruido meten al desarrollo de una normativa fundamental de este tipo. También es necesario señalar que hay varios diputados con abierto conflicto de interés debido a públicos vínculos con empresas o contratistas, por lo cual deberían abstenerse de intervenir en un proyecto de vital importancia para fortalecer la gobernabilidad, recuperar la probidad e impulsar un desarrollo integral.