Estados Unidos
EDITORIAL
No solo debe ser Tribunal, sino también Supremo
Dados los antecedentes de narcopartidos y narcocandidatos, no hay lugar para un TSE timorato.
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Para la historia quedan los atropellos del asedio contra la democracia de 2023, con todo e inédito —prepotente y estéril— secuestro de papeletas y actas electorales por parte del Ministerio Público, que después fueron “devueltas” sin haber demostrado absolutamente nada, pues solo se basaban en denuncias anónimas o con nombre escondido. Debajo de tales procedimientos subyacía una obtusa resistencia a respetar las atribuciones, mandatos y decisiones del Tribunal Supremo Electoral (TSE) fijados en ley. Los anteriores magistrados fueron enjuiciados penalmente por un caso que era civil —según confirmó un fallo—. Se les separó de sus cargos, que recuperaron prácticamente al final del período para el que fueron electos, pero, pese a todo, defendieron la voluntad popular.
Ahora está en manos de nuevos magistrados, titulares y suplentes el resguardo de la certeza, la credibilidad y el estricto orden legal del próximo proceso eleccionario, que prácticamente ya empezó con un desfile carnavalesco de figuras presidencialoides. Todas tienen aires mesiánicos pero también encajes farisaicos, ya sea porque presuman de experiencia o de outsiders. Es evidente que la campaña anticipada está en marcha.
Cierto es que los dirigentes políticos deben —o deberían— estar presentes en el diálogo político de los grandes temas, pero no solo para rasgarse las vestiduras, sino también para marcar temas —y compromisos— de Nación que necesitan continuidad entre gobiernos. Y es justo en este punto donde queda desnuda la anticipada avidez: no existe un solo intento ni propuesta de foro interpartidario para acordar una agenda de Estado, un mínimo común denominador que brinde certeza a la ciudadanía sobre las grandes prioridades a través de una hoja de ruta.
El Tribunal Supremo Electoral no es un tramitador anodino ni un validador de convenencierismos cortoplacistas. Su nombre lo dice: Tribunal: “Lugar destinado para administrar justicia y dictar sentencias”. Y con ello se añora a juristas como Arturo Herbruger Asturias u Óscar Bolaños Parada, pero es ese el llamado a los actuales magistrados, a seguir aquellas grandes lecciones de altura ética y jurisprudencia para hacer valer, de inicio, el artículo 121 de la Ley Electoral: “El Tribunal Supremo Electoral es la máxima autoridad en materia electoral. Es independiente y de consiguiente, no supeditado a organismo alguno del Estado”.
Tal calidad no es gratuita ni un derecho adquirido: es algo que se debe refrendar en cada resolución, en cada amonestación y en cada sanción. Los guatemaltecos no son ingenuos y saben los raudales de dinero ilícito que pululan a causa de la corrupción, del narcotráfico y del lavado de activos ilícitos. Tales grupúsculos intentan torcer y retorcer cargos públicos para su perverso beneficio y no el de la gente. Por ende, una función clave del TSE es apretar las tuercas en cuanto a la rendición periódica de cuentas: financistas, “donaciones”, adquisiciones, gastos.
“Las organizaciones políticas deben llevar registro contable de las contribuciones que reciban. Dicho registro deberá ser público”: señala el inciso C del artículo 21 de la Lepp. Y el inciso B no es menos importante: “Las contribuciones a favor de candidatos a cargos de elección popular deberán canalizarse por medio de las respectivas organizaciones políticas. Dichas contribuciones en ningún caso podrán ser anónimas”. Dados los antecedentes de narcopartidos y narcocandidatos, no hay lugar para un TSE timorato, porque entonces no sería supremo, y entonces no estaría cumpliendo su función de salvaguardar la democracia y la voluntad del Pueblo.
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