EDITORIAL
No solo le falta finiquito, le falta integridad
Sin finiquito, Mazariegos no podría ni debería tomar posesión mañana.
Patética, pero muy reveladora, resultó la protesta de subalternos del dudoso rector de la Universidad de San Carlos, Walter Mazariegos, la semana última. Primero, porque se exhiben rostros y nombres de tales subordinados, que carecen de cualquier argumento legal para la continuidad, al calificar de “extorsión” la falta de constancia transitoria de inexistencia de reclamación de cargos, es decir, de finiquito de la Contraloría General de Cuentas. En otras palabras, no ha justificado debidamente la ejecución de alrededor de Q3 mil 500 millones —en el año reciente— y, por ello, no podía ni debía ser candidato a la reelección desde un inicio.
Sin finiquito, Mazariegos no podría ni debería tomar posesión mañana, aun si el proceso de elección se hubiese desarrollado de forma lícita y participativa, que no lo fue. Es indigno el silencio presidencial, legislativo y de la inmensa mayoría de partidos políticos ante tal atropello contra la ciudadanía y la institucionalidad. En el judicial hay posturas divididas: dos instancias otorgaron amparos a unidades académicas agraviadas por la exclusión y declararon suspendida la reelección. La Corte de Constitucionalidad emitió fallos que desechaban algunos de esos recursos. Pero aún hay recursos pendientes de resolver que implicarían un serio desgaste para quienes intenten torcer la balanza. Es necesario reiterar que los magistrados de la Usac deberían inhibirse, para no ser juez y parte.
Lo mismo vale decir de la protesta escuálida, efectuada en horario de trabajo y en la cual se puede deducir un uso de fondos públicos para mantas, gorras y uniformes. Pero tal acción denota desesperación de un grupo temeroso de una elección limpia e incluyente, con todos los cuerpos electorales del Consejo Superior Universitario renovados.
A pocas horas de concluir el período para el cual fue electo Mazariegos como rector —con amplias exclusiones que no deben volver a tolerarse—, la pregunta es si se atreverá a transgredir la ley, asumiendo sin finiquito o bien invocando la burda y absurda reforma del reglamento de elecciones de abril del 2025, en el cual se incorporó el artículo 2 Bis, que permite a integrantes del consejo seguir ejerciendo funciones por default, es decir, mientras no haya un sucesor electo. Sus opositores sostienen que esa disposición contradice la Ley Orgánica de la Usac y ya ha sido impugnada ante la Corte de Constitucionalidad.
Y ya que se trata del máximo tribunal, que ha corregido planas a congresos, presidentes y cortes supremas de justicia, la CC ha sido en buena parte responsable —por dilación o conflicto de interés— de la prolongación del conflicto en la Usac. Su misión en este momento debería ser enderezar el rumbo del Consejo Superior Universitario, al hacer obligatoria la integración total de cuerpos académicos debidamente electos, tal como lo ordenó el 13 de febrero del 2025.
En esa sentencia, la Corte de Constitucionalidad confirmó lo resuelto por la Sala Primera del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, el 18 de septiembre del 2024. En dicha instancia, se otorgó un amparo a varios integrantes del Consejo Superior Universitario, que denunciaron la negativa de Mazariegos y sus aliados de convocar a elecciones y renovar los cargos vencidos en el consejo. El tribunal constitucional dijo que esa reticencia vulneraba “no solo la legitimidad de dicho órgano universitario, sino también el adecuado funcionamiento del sistema democrático que debe prevalecer en esa universidad”, y menciona una “prolongación indebida de funciones”, justo lo que estaría a punto de ocurrir de nuevo si persiste esta nefanda afrenta a Guatemala.