Estados Unidos
EDITORIAL
Nueva ofensiva en guerra antinarco
El uso de territorio guatemalteco como puente para el tráfico de precursores de drogas no es nada nuevo.
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Sin duda alguna, las extradiciones, detenciones y hasta aceptaciones de cargos por narcotráfico en Estados Unidos, desde países como México y Guatemala, han actualizado el mapa de vasos comunicantes de carteles y colaboradores, empresas de cartón, prestanombres, adláteres e incluso, no es arriesgado suponer, funcionarios venales. El 20 de febrero, el Departamento de Estado anunció restricciones de visa a 75 colaboradores del cartel de Sinaloa, sin especificar su ubicación o identidad, como suele ocurrir en este tipo de sanción.
El uso de territorio guatemalteco como puente para el tráfico de precursores de drogas no es nada nuevo. Existen antecedentes de personas y entidades conexas. Otro factor que denota la persistencia es la larga historia de trabas a la revisión eficiente de contenedores en terminales marítimas, lo cual condujo a la presencia directa de autoridades estadounidenses en puertos. La confirmación de la continuidad del trasiego se puede deducir de las medidas anunciadas ayer por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Fueron sancionadas 23 personas y entidades vinculadas con una red de compra y traslado de químicos para elaborar fentanilo y metanfetaminas, transportados desde la India, con destino a México.
En Guatemala, un intermediario sancionado por la Ofac es un individuo de nombre Jaime Augusto Barrientos Camaz, a través de una empresa que obtiene las sustancias ilícitas de dos firmas de India. Según la Ofac, Barrientos, por medio de la compañía J and C Import, con sede en la Ciudad de Guatemala, recibió 116 kilogramos de N-Boc-4-piperidona en dos meses, materia prima para elaborar fentanilo. Así también, esa oficina señaló a una empresa de manejo de carga de estar involucrada.
Como se suele subrayar y confirmar en las recomendaciones de combate a estas secuencias delictivas, la ruta del dinero nunca falla y es imperativo que las autoridades rastreen información de las personas y entidades señaladas, para conocer sus nexos, patrones de acción y flujos de efectivo. En ese sentido, es válido hacer notar que durante los primeros meses de 2026 se ha reducido la cantidad y monto de alertas de transacciones sospechosas emitidas por la Intendencia de Verificación Especial. Desde luego, es improbable que ello implique una reducción del actuar de las mafias. Por el contrario, se debe atribuir a nuevas formas de burlar controles, a vacíos legales y subterfugios para aparentar la licitud de movimientos de dinero sucio: esto incluye al uso de criptomonedas o sistemas de pagos subrepticios entre entidades y países.
Por esta misma razón es altamente sospechosa y dañina la dilación, propiciada por diputados de varias bancadas y partidos, de la aprobación definitiva de la Ley Integral contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, que ya pasó por tres lecturas, pero en su fase de discusión final por artículos vuelve a quedar varada por “dudas” de legisladores. Pretextos sobran. Lo dudoso es votar tres veces a favor de una norma para aparentar aval pero luego retrasar su discusión decisiva.
El contrasentido y la tardanza solo favorece a grupos criminales que aprovechan cada día y cada limbo legal para mover sus capitales ilícitos y con ello proseguir operaciones criminales. Existen repetidos y vergonzantes casos de alcaldes y exalcaldes, de candidatos y excandidatos, de diputados y exdiputados conexos, extraditados, juzgados o confesos de narcotráfico. Sabotear el paso de una ley necesaria equivale a ponerse en la mira de sanciones.
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