Que un presidente de la República decida reunirse en privado y por separado con algunos candidatos a la presidencia en plena campaña resulta inconveniente y genera cuestionamientos, sobre todo si no se aclara el criterio con el cual se decidió sostener la cita con unos y con otros no. Se puede argumentar toda clase de pretextos, motivaciones, circunstancias. Incluso se puede llegar a decir que es potestad del gobernante invitar a una reunión a quien se considere oportuno. Es legal, mas no ético.

Pero que un presidente se traslade desde la supervisión de una carretera en una región hasta otra localidad geográfica para reunirse a departir en la hacienda de un candidato ya despierta otro tipo de suspicacias, las cuales se multiplican con proporción geométrica si, 13 días después, tal personaje es arrestado en Estados Unidos bajo cargos de narcotráfico, con evidencias recabadas durante aquel almuerzo casual con el mandatario y no se diga si, tal como ocurrió el 8 de octubre último, el detenido se declara culpable de narcotráfico en una corte federal.

Tal error logístico, político, de seguridad nacional, nunca ha sido plenamente aclarado por el presidente Jimmy Morales, quien se ha limitado a decir que almorzaron gallina con crema y loroco y que conversaron de temas de Estado y gobernabilidad en aquella cita, en la cual había agentes encubiertos de la Agencia antidrogas de EE. UU., que se hacían pasar por integrantes del cartel de Sinaloa, a quienes Estrada pidió ayuda para eliminar a contrincantes políticos, así como financiamiento para su campaña, a cambio, supuestamente, de dejar libre paso a los cargamentos de cocaína en Guatemala.

Con todo y la presunción de inocencia del mandatario respecto de aquel encuentro amigable del 4 de abril en la hacienda Santa Fe, de Mario Estrada, en Jalapa, resulta innegable que tal movimiento dejó en entredicho la capacidad profesional de su consejo nacional de seguridad y de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad, que nunca aclararon la logística de aquella reunión.

Las circunstancias actuales son totalmente distintas de las de hace un semestre, a causa de la evolución de factores nacionales, resultados electorales totalmente aplastantes para el oficialismo y el desplome de los indicadores de competitividad al final del cuatrienio. Además, a nivel internacional ocurren dos sucesos de alto impacto: la condena en juicio en una corte de Nueva York de Tony Hernández, hermano del presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, cuyo proceso judicial dejó al descubierto tramas de soborno y corrupción, que ocurrió el mismo día de una claudicación de autoridades mexicanas ante las acciones armadas del cartel de Sinaloa tras la captura de Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín el Chapo Guzmán, quien fue detenido y liberado pocas horas después para salvar a civiles que podían ser víctimas colaterales de la represalia de ese grupo, según declaración del propio presidente Andrés Manuel López Obrador.

Se desconocen los términos de la aceptación de cargos del excandidato Estrada y existe la probabilidad de que no se lleguen a conocer, como ha sucedido con casos similares. Tal testimonio podría llegar a trascender en nuevos casos, peticiones de extradición o coordinación de operaciones. Podría ser la oportunidad para que el presidente saliente declare con la vehemencia que le caracteriza su total oposición al narcotráfico que asedia varias regiones fronterizas y no solo al nororiente del país.