Estados Unidos
EDitorial
O se amplía la visión vial o nos ahogamos
Lo que falta es liderazgo sostenido y coordinación efectiva.
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Existen muchos responsables —en realidad, irresponsables— del nudo vial que afrontan a diario millones de guatemaltecos en el área metropolitana, y también en ciertos nodos críticos en rutas nacionales. Exministros transeros, impunidades coludidas, mediocridades consentidas y negocios amañados: de todo hay en la historia de los últimos 20 años, en los cuales se disparó la cantidad de vehículos, se proyectó —y se prometió— un crecimiento económico, pero ninguno de los oficialismos tuvo capacidad de engarzar esfuerzos para dar continuidad a la infraestructura vial. Cada uno empezó de cero su propia versión de negocios y encerró a la ciudadanía en un laberinto que hoy está congestionado casi a todas horas.
La crisis vehicular en la capital y el área metropolitana ya no es un simple problema de locomoción: es un lastre estructural para la economía. Cada guatemalteco pierde, en promedio, Q1,300 mensuales por el tiempo que ocupa en el tráfico. En tiempo, la magnitud es aún más reveladora: más de mil horas al año por persona. El origen del problema es claro: el parque vehicular crece a un ritmo promedio de 9.6% anual, pero la infraestructura vial lo hace apenas en 1.4%.
Para más agravante, la región metropolitana conurbada y con comunidades alrededor abarca ya 44 municipios; es decir, más allá del departamento de Guatemala. Unos cinco millones de personas se movilizan desde El Progreso, Chimaltenango, Escuintla y Santa Rosa hacia o por el centro económico del país. El costo humano también es alarmante: miles de percances al año, con un promedio diario de siete muertes y 27 heridos. La saturación no solo frena la economía; cobra vidas. Frente a esta realidad, la respuesta institucional ha sido intermitente.
En el país se cuenta con una Ley de Infraestructura Vial Prioritaria y se creó una Dirección de Proyectos Viales Prioritarios (Dipp) para acelerar decisiones estratégicas. Sin embargo, esta ha pasado meses sin reunirse con regularidad; no se ha emitido el reglamento pendiente, aún no existe una estructura presupuestaria definida y los consensos mínimos para operar siguen trabados. Las adjudicaciones de obra siguen atrasadas. Ya va medio período de gobierno y no hay visos de despegue para el gran proyecto de los próximos 20 años, comenzando por el propio Anillo Regional, largamente varado.
El costo de este atraso lo asume la ciudadanía cada día en la carretera. Guatemala no necesita más diagnósticos, sino ejecución. Primero se debe optimizar lo existente mediante gestión técnica: semaforización coordinada, reducción de puntos de conflicto, mejor señalización y seguridad peatonal. En lo mediato, completar infraestructura estratégica que distribuya flujos —rutas radiales, circunvalaciones, puentes y conexiones regionales— para evitar que todo desemboque en los mismos cuellos de botella. Pero eso necesita coordinación intermunicipal, que a menudo se ve entorpecida por intereses politiqueros o miopías locales.
A largo plazo se debe desarrollar un sistema multimodal de transporte masivo que articule buses, corredores exclusivos y un proyecto ferroviario urbano viable. También un ordenamiento territorial coherente, que integre política habitacional y desarrollo urbano para reducir desplazamientos obligados de largas distancias. El país tiene recursos, herramientas legales y opciones de financiamiento, incluyendo esquemas de alianzas público-privadas. Lo que falta es liderazgo sostenido y coordinación efectiva. O se amplia la visión vial o nos ahogamos en un laberinto.
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