Estados Unidos
EDITORIAL
Ocho años después, los desafíos siguen allí
los desafíos de las pandillas, el narcotráfico, la corrupción y las mafias transnacionales siguen allí.
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Con autoelogios y cifras, invocaciones a Dios y sin mencionar grandes casos que quedaron sin resultados —y no se sabe si se investigaron—, ayer presentó Consuelo Porras su octavo y último informe como fiscal general y jefa del Ministerio Público, cuyo segundo período finaliza hoy. Termina también un ciclo de 16 años de mujeres al frente de la institución. Porras dijo en su alocución que la suya había sido una “gestión histórica”, en afán de connotar algo positivo. Sin embargo, lo histórico también puede deberse a acciones cuestionables e incluso omisiones notorias.
Sus allegados le echan porras, al calificarla como la persona que fortaleció institucionalmente al MP, que amplió su presencia territorial y que impulsó procesos de modernización. Mientras tanto, sus críticos la señalan de desfigurar la lucha anticorrupción y de convertir a la entidad en una barredora de casos. Pero sus mayores detractores son las mismas acciones emprendidas bajo su mando: la persecución contra periodistas por ejercer la libertad de expresión, el abuso de la reserva de casos que conculcó el derecho de defensa, así como el sombrío y dudoso asedio contra la democracia y los resultados electorales —por un supuesto fraude que nunca se llegó a demostrar, pese al secuestro de actas y papeletas—.
Valga decir que la polarización alrededor del MP no comenzó con Porras; su antecesora, Thelma Aldana, despertó admiración y rechazo al politizar el cierre de su gestión. En un país afectado por décadas de confrontación ideológica, desconfianza institucional y heridas históricas no resueltas, la justicia terminó convertida en campo de cruzadas maniqueas en las que cada captura, cada allanamiento y cada archivo comenzó a interpretarse según afinidades políticas, antes que jurídicas.
Aunque el MP citó una supuesta aprobación de 97%, sin mencionar la fuente, así como cifras de casos, acusaciones, expedientes procesados y condenas, no dio mayor contexto sobre este ochenio. Y es que a veces no pesa tanto lo que se hace como lo que se omite. Durante esta gestión, casos vinculados con exfuncionarios cercanos al expresidente Alejandro Giammattei quedaron varados entre dilaciones, pesquisas preliminares y hasta silencios sepulcrales. El caso de las vacunas Sputnik V fue desechado recién este año, sin resultados; el proceso contra los defraudadores B-410, los laxos arreglos por el fraude en el Hospital de Chimaltenango o el libramiento contrastan con procesos como el seguido contra el periodista Jose Rubén Zamora, quien estuvo preso más de mil días sin sentencia y con juicio anulado por vicios.
Quizá uno de los efectos más indeseables de la gestión saliente haya sido el aislamiento internacional del Ministerio Público: aunque se trataba de sanciones personales declaradas por Estados Unidos, Inglaterra y países miembros de la Unión Europea, esa sombra pesó sobre toda la institución, que perdió la mayoría de cooperación y asistencia técnica. La controversia terminó consolidando la imagen de un país donde la justicia no tiene venda y cuya balanza pesa más para un lado.
En ciertos espacios, Porras fue percibida como una funcionaria que defendía una soberanía institucional, pero esa misma adulación de quienes le hablaban al oído puso haberla llevado a la negación. Quizá lo más sensato para el cierre de la gestión habría sido admitir algo de las limitaciones que se enfrentaron y no solo endosar culpas o citar estadísticas generadas por los mismos cuyos resultados, acciones u omisiones serán evaluados por el nuevo fiscal general. En todo caso, los desafíos de las pandillas, el narcotráfico, la corrupción y las mafias transnacionales siguen allí.
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