Desde hace ya más de dos años no se efectúa en el pleno del Congreso ninguna interpelación a funcionarios del Ejecutivo. Y no es porque no existan citaciones pendientes o porque no haya situaciones que ameriten fiscalización: desde el manejo de vacunas anticovid, amañados contratos de equipamiento en el Hospital de Chimaltenango, la firma a escondidas de un pacto colectivo —a todas luces lesivo— con el sindicato magisterial o el deficiente mantenimiento y reconstrucción de carreteras estratégicas son algunas de las causales de estos procedimientos. Sin embargo, las solicitudes se acumulan en agenda, pero no se efectúan.

Las sesiones ordinarias de pleno quedaron reducidas desde agosto del 2022 a una sola por semana, supuestamente para favorecer el trabajo en comisiones, pero en realidad era para permitir a los diputados, sobre todo distritales, efectuar labores de promoción en sus distritos, de cara a los comicios de este año. Sin embargo, aunque la votación de diputados ocurrió hace tres meses, las plenarias siguen siendo semanales y con frecuencia se cancelan por falta de quorum.

Es todo un síntoma de disfuncionalidad el que se haya programado para el 24 de noviembre del 2022 la interpelación de la ministra de Educación, Claudia Ruiz, y el ministro de Salud, Francisco Coma, sin que ninguna de las dos se haya concretado. La treta de las agendas, fijadas en sesión de jefes de bloques, es colocar los interrogatorios legislativos como punto de agenda, pero precedidos por otras iniciativas o puntos de discusión. Cuando se acerca el momento de interpelar a un funcionario, diputados oficialistas o adláteres salen del hemiciclo para impedir que haya un mínimo de congresistas presentes.

En otros casos, como lo sucedido esta semana, cuando el siguiente punto era una interpelación, los diputados simplemente no se presentan al pleno y algunos ni siquiera acuden al Congreso. Se nota que este juego malsano ya está previamente acordado, porque los funcionarios citados ni siquiera se presentan al Legislativo, organismo que prácticamente abdica de una de sus principales funciones: la de fiscalizar al Ejecutivo.

Es necesario mencionar que en legislaturas anteriores se efectuaron verdaderos sabotajes al Ejecutivo, a causa de un abuso en la frecuencia y duración de las citaciones. No obstante, se trata de una responsabilidad permanente para el Congreso, a fin de que exista un auténtico balance de poderes. La Corte de Constitucionalidad emitió en enero del 2022 un dictamen que de alguna manera otorgó ciertas flexibilidades a los funcionarios del Ejecutivo para no acudir a citaciones o para no responder ciertos temas. No obstante, ha sido notoria la estrategia de diputados oficialistas de no acudir al hemiciclo cuando el primer punto de agenda del día es una interpelación. Después viene una nueva agenda, en la cual esta acción vuelve a quedar en sexto o décimo punto y se vuelve a jugar al sabotaje en el momento oportuno.

No se trata de volver al pasado, cuando la interpelación era un ciclo interminable de preguntas imprecisas, pero tampoco es posible pensar en una gestión de calidad si no hay quién la supervise. A tres meses y 18 días del fin de esta legislatura —y a menos de dos para el fin del período ordinario de sesiones— todavía sería posible —pero es poco probable— dar una mínima muestra de interés por cuestionar ineficiencias y opacidades del Ejecutivo en la atención de salud, educación o infraestructura.