La protección de los derechos laborales es una garantía constitucional que regula toda prestación remunerada de servicios personales, profesionales y técnicos, en el ámbito privado o estatal. Sin embargo, en los últimos años se ha convertido en un costo creciente para el erario, debido a la multiplicación de demandas de reinstalación de plazas burocráticas, pagos de indemnizaciones y de salarios caídos en los juicios.

El desorden de las contrataciones del Estado es potenciado por la discrecionalidad, el pago de deudas políticas, nepotismo, amiguismo e ineptitud. Ello ha llevado a un crecimiento inmanejable en gastos de funcionamiento. Con cada gobierno que llega vienen colocaciones de allegados y remociones de quienes no lograron hacer el conecte a tiempo. Puede ser que el ocupante de una plaza haya tenido un desempeño excelente y aun así se le despida. Y también suele ocurrir que en su lugar quede un total mediocre, pero con la avenencia de “arriba”. En ese sentido, quizás una demanda judicial pueda tener legitimidad. Lamentablemente, en la mayoría de casos se trata de sustituciones de perfiles anodinos por otros igual de oportunistas, que solo buscan continuar medrando a la sombra del Estado.

La raíz de este caos se encuentra en la Ley de Servicio Civil, totalmente desfasada y sobre la cual se han hecho algunos cambios acomodaticios. Se han planteado iniciativas para su sustitución total, como paso fundamental para la modernización del Estado. Sin embargo, sucesivas camadas de diputados se han resistido a discutirla y aprobarla. Tal reticencia es fácil de explicar: no les conviene. Les interesa mantener el desorden, para poder continuar con sus contrataciones o recomendaciones clientelares. Y no solo a ellos, sino a todos los funcionarios de ministerios, viceministerios, direcciones y titulares de entes descentralizados que abordan el aparato estatal cada cuatro años.

Lo más fácil es meter gente con plazas “temporales”, las cuales son renovadas cada año, a dedo, al gusto del cliente. Cuando está por fenecer el período de gobierno —con el recurrente fracaso y el natural rechazo de los votantes—, se enciende la fiebre perversa por convertir los contratos temporales en plazas fijas, para heredarle al siguiente gobierno empleados que no necesita. Al removerlos, se encontrará con juicios laborales, personales o sindicales, que en los últimos cinco años y medio han costado Q1,720 millones al Estado. Y que quede claro, al decir Estado nos referimos al dinero de usted, ciudadano tributante. Ese dinero se resta no a los sueldos de la burocracia masiva, sino a proyectos de salud, educación, infraestructura, desarrollo, niñez; es decir, al futuro.

Entre enero del 2015 y mayo del 2021, salas judiciales de Trabajo han emitido cuatro mil 861 resoluciones de reinstalación en diversos estamentos del Estado, incluyendo a conserjes legislativos que ganan más que un médico. Voraces pactos colectivos, plazas fantasma y la inercia de la Oficina Nacional de Servicio Civil (Onsec) completan este dantesco vórtice, que desnaturaliza el servicio público. A comienzos de este gobierno, se anunció un plan de reestructuración de la Onsec y se proyectó una enésima iniciativa de ley, pero a medio camino su director inicial pasó al Ministerio de Trabajo, y dicha dinámica quedó en un limbo del cual previsiblemente no saldrá. Y la razón es clara: impulsar la eficiencia, potenciar la transparencia y colocar perfiles excelentes para construir un mejor país no son prioridad para los politiqueros.