El seguro obligatorio de vehículos por daños contra terceros no debería ser una condición necesaria solo para quienes prestan servicios de transporte público, sino para todo propietario de un automotor que se desplaza en la vía pública. Dicho seguro, que puede tener mayor grado de cobertura contratada, ampara a quien resulte afectado en su propiedad o en su integridad física al momento de un percance, con una aplicabilidad variable según el grado de responsabilidad admisible. Partiendo de esta premisa, si todo vehículo particular debería tener contratada una póliza por el solo hecho de circular, con mucha mayor razón ello debería ser una obligación para quienes obtienen ganancias mediante el traslado de personas.

Hasta ahora, son las líneas de autobuses extraurbanos a las que más se exige la contratación de seguros y en efecto, al momento de accidentes -que no han sido pocos ni leves- existe una posibilidad de resarcimiento para los heridos o los deudos. No es que el dinero equivalga a la vida de nadie, de ninguna manera, pero al menos constituye un apoyo para damnificados en incidentes que con frecuencia obedecen a la imprudencia de quien conduce.

Taxis, mototaxis y microbuses, algunos autorizados para prestar el servicio de transporte y otros no, pero que en su mayoría no reportan ingresos tributarios ya sea como pequeños contribuyentes o empresas, se resisten a la contratación del seguro establecido en el decreto 17-2020. Debía cobrar vigencia el 21 de agosto pero volvió a posponerse hasta febrero del 2022. Para las autoridades de Gobernación se trata de una medida de conveniencia que mantiene en la indefensión a los usuarios y, todavía peor, que exhibe la debilidad gubernamental.

Los quejosos argumentan una serie de derechos y reclaman no solo el aplazamiento, sino la derogatoria del acuerdo. Sin embargo, no ofrecen alternativas para la mejora del servicio, la regulación de tarifas o el reporte fiscal de ingresos. Tampoco hay compromisos para conducirse con total apego a las normas de tránsito y con absoluta responsabilidad por las vidas que permiten su sustento. El Ministerio de Gobernación, que suele ufanarse de su firmeza y defensa de la institucionalidad, bien pudo crear un sistema de plazos y aplicar sanciones a quienes no cumplieran, porque en febrero del próximo año es más que previsible que el mismo juego volverá a repetirse.

El problema de fondo no es el decreto sino el sentido de irresponsabilidad hacia la vida del usuario. A diario es posible observar mototaxis circulando en áreas no aptas para su capacidad de motorización y hasta con sobrecarga. En el caso de los taxis, es usual el irrespeto a las normas de distanciamiento, pues con el afán de cobrar tarifa completa meten a seis personas, aparte del piloto, en donde solo hay espacio para cuatro. Los taxistas apelan al sentido de humanidad de las autoridades, pero no lo aplican con sus clientes.

Existe el derecho de petición y también el derecho al trabajo, sí. Pero también existe el derecho a la vida de quienes, a falta de un vehículo propio, deben utilizar medios colectivos. Es cierto que la contratación de un seguro conlleva un gasto anual adicional, pero también implica una certeza jurídica para quien es propietario de un vehículo de alquiler. En todo caso, un taxi con la calcomanía de “asegurado” sin duda alguna atraerá más pasajeros que uno sin ella, porque esta condición, a su vez, asegura una conducción prudente, cauta y responsable.