Estados Unidos
Editorial
Otro chinchilete sindical con fondos públicos
Nunca se olvidará el insulto a la inteligencia ciudadana cometido con el autoaumento abusivo o con este nuevo chinchilete con dinero público.
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Los diputados del actual congreso pueden estar seguros de que la ciudadanía nunca olvidará el artero, lesivo e ilícito autoaumento salarial que se recetaron la madrugada del 26 de noviembre de 2024, no solo porque tal abuso se hizo con nocturnidad, a espaldas de la población, sino porque no ha mejorado un ápice la calidad del trabajo legislativo. Al contrario, han aumentado las tácticas dilatorias, las mediocridades y los engavetamientos de normas urgentes. Los congresistas cobran incontritos los emolumentos que el pueblo nunca avaló.
Pero ahora, como si se tratara de una mofa adicional, aparecen directivos del denominado Sindicato de Trabajadores del Congreso presumiendo de un oneroso aumento en varios bonos de rimbombantes nombres —“del empleado legislativo”, “por antigüedad”, “vacacional”, “por fallecimiento”, “navideño”, “escolar”—, además de recetarse un día extra de descanso cada 22 de octubre —aniversario de dicho grupo sindical— que suena a puente prefabricado para conectar el asueto del 20 de ese mes.
Los costos de tales concesiones, a costillas del pueblo de Guatemala, rondan los Q15 millones anuales, clientelarmente repartidos sin ningún tipo de evaluación de calidad de desempeño, pertinencia de la plaza ocupada ni límite alguno para contrataciones de más personal o ulteriores incrementos antojadizos. Huele muy mal la manida justificación de este pacto: la supuesta recomendación de un juez laboral: sería muy interesante saber el nombre de ese funcionario y sus nexos familiares o políticos, o ambos, como para injerir en las funciones de otro organismo de Estado, sin estudios técnicos ni análisis de viabilidad organizacional o presupuestaria, mucho menos un anuncio acerca de tales pretensiones.
Y es que el origen de los fondos es lo que menos preocupa a los negociantes de lo ajeno, es decir los diputados que hayan intervenido en esta negociación lesiva, que deja suponer intereses electoreros, ambiciones de directivos sindicales, irresponsabilidad administrativa y cero consideración a la ciudadanía que sufraga estos egresos. Valga aclarar que no se está en contra de reconocer el talento humano, de valorar los aportes y premiar el alto desempeño, pero son justo esos cuestionamientos los que subyacen en esta crítica: ¿Bajo qué criterios se están otorgando estas mejoras? ¿Cómo se evalúa objetivamente la calidad de los servicios prestados por cada trabajador?
En cualquier institución eficiente y moderna, los incrementos en remuneraciones y beneficios deben estar asociados a metas, productividad, desempeño o resultados verificables, no a burdas zalamerías o intercambios de favores. Por desgracia, demasiados sindicatos estatales en Guatemala se han acostumbrado a negociaciones indolentes, opacas y convenencieras.
Los precedentes judiciales e institucionales son malos: los sonados y documentados casos de plazas fantasmas quedaron en impunidad; las contrataciones para pago de adeudos políticos siguen en boga y el oportunismo diputadil se ha acrecentado, al punto de creerse próceres tránsfugas que acarrean supuestos caudales electoreros a los nuevos carromatos a donde los dejan subirse. Dice el dicho popular: “Quien no te conozca, que te compre”, y a eso parecen apostar decenas de diputados que ya buscan posicionarse como aspirantes a la reelección e incluso dar el salto presidencialoide. Y aquí es donde entra la afirmación del inicio: nunca se olvidará el insulto a la inteligencia ciudadana cometido con el autoaumento abusivo o con este nuevo chinchilete con dinero público.
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