La justicia guatemalteca pasa por un terrible momento, y se ha sumado de manera escandalosa y lamentable a la carrera por el descrédito de las instituciones encabezada por el Ejecutivo y el Legislativo. Ambas intentan cerrar el paso a la lucha contra la corrupción, para lo cual han llegado al extremo de argumentar de manera cínica una supuesta defensa de la soberanía y de la Constitución, cuando es evidente que solo se busca enraizar la impunidad.

Una de las acciones más graves en que incurrieron nueve magistrados de la Corte Suprema de Justicia, supuestamente las máximas autoridades en la interpretación de las leyes y de la Carta Magna, fue proceder de manera arbitraria al darle trámite a una solicitud de antejuicio contra tres magistrados de la Corte de Constitucionalidad, planteada por algunos integrantes de una organización fragmentada, que además recibe fondos del Congreso de la República.

Dichos magistrados no debieron dar trámite a dicha solicitud, pero lo hicieron a sabiendas de su ilegal proceder, en una clara muestra de estar en consonancia con el pacto de corruptos. Por si no fuera suficiente y en una clara afrenta al clamor popular por la dignificación en el servicio público, el pasado sábado uno de los jueces más desprestigiados por sus dudosos fallos, Carlos Moto, fue elegido presidente de la Asociación de Jueces y Magistrados.

Los más altos representantes del Organismo Judicial se han sumado, de manera vergonzosa, a un movimiento de socavamiento de la institucionalidad. Así, han perdiendo todo vestigio de independencia y sometiéndose a quienes los pusieron en esos cargos y que podrían volver a beneficiarlos en una próxima elección de jueces y magistrados, una muestra de la perversa cooptación a la que ha sido sometido el Estado.

El pasado viernes también se llevó a cabo un hecho parecido en la abortada audiencia en el proceso que se sigue contra el empresario Max Quirin, exintegrante de la Junta Directiva del IGSS. Los familiares y amigos habían pedido que dicha diligencia no se suspendiera, a fin de poder solicitar una medida sustitutiva para quien fue condenado a seis años de prisión y ya ha estado sin libertad más de la mitad de esa condena. Sin embargo, fue lo primero que hizo el juez Víctor Cruz al posponer nuevamente la audiencia, ahora para el plazo de dos semanas.

Este caso también demuestra la confrontación por la que atraviesa Guatemala en lo relativo a la justicia, pues pese a que sobre los fallos judiciales debe existir absoluto respeto y acatamiento, personas cercanas al empresario han reclamado de manera airada un fallo diferente al dictado con anterioridad, pero quizá dicho planteamiento debería haber sido más coherente, respetuoso e integral, pues son varios los sindicados en dicho proceso, para que no se cree una percepción errada sobre el resto de involucrados, ni ningún otro proceso.

El riesgo, con las resoluciones como la aquí planteada y los últimos acontecimientos, es que el sistema de justicia erosiona de manera acelerada su imagen, y en un sistema claramente confabulado en favor de la corrupción y la impunidad es urgente que se recupere la cordura y se asuma con mayor responsabilidad y dignidad tan altos cargos.