Estados Unidos
EDITORIAL
Pagando una guerra que finalizó hace 30 años
El conflicto armado interno termino hace tres décadas, pero Guatemala continúa pagando adeudos.
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En 2024, el actual Congreso aprobó la inclusión de hasta 70 mil veteranos militares del conflicto armado interno en un plan de 36 pagos de Q1 mil por persona. Pero hay distintos combos de diputados que quieren volverse a pasar de listos, al extender el pago por más tiempo y agregar hasta 40 mil supuestos excombatientes. Y se dice supuestos porque muchos de estos no se encuentran registrados en nóminas del Ministerio de la Defensa. Por lo tanto, hay reclamos que no tienen asidero legal, pero eso poco le importa a la obesa politiquería.
El monto disponible para tal fin en el Ministerio de Desarrollo es de Q700 millones. Sin embargo, desde junio de 2025, al menos 13 congresistas integrantes de la comisión de “Defensa” firmaron el dictamen a una ampliación para el avieso fin antes descrito. Es repudiable, de forma y fondo, la manera como estos personajes hacen y deshacen con el dinero público para alimentar un caldo de cultivo clientelar que ya es una ciénaga de convenencierismos y dispendios interminables.
Esta semana se produjo otra protesta de presuntos veteranos militares que comienzan de nuevo a subir el tono de sus amenazas, entre las cuales figuran bloqueos viales. No les resulta ajena la violencia, porque han llegado a agredir a periodistas que cubren sus protestas. Sin embargo, de avalarse la pretensión podría haber hasta 130 mil pagos de subsidios para quienes claman haber defendido a la patria con honor. Diputados que ya flotan con las alas del proselitismo —que parece abierta campaña— siguen inflando el bolsón de gasto, no porque les importe el destino de esos supuestos excombatientes, sino porque están interesados en adquirir hipotéticos bastiones electoreros. Y se puede afirmar eso porque lo han intentado repetidas veces.
La ley que buscan reformar y ampliar se llama “de Desarrollo Integral”, nombre eufemístico que más bien hace sorna a la discontinuidad de políticas de auténtico desarrollo. Tal plan no es sino el reciclaje de otro chantaje iniciado allá por 2002, con expatrulleros civiles encabezados por la dirigente Rosenda Pérez —ya fallecida—, quien incluso llegó a ser diputada por el mismo partido que pretendía ganar las elecciones del 2003, con el apoyo o más bien el interés de tales votantes cautivos. Y ni así ganaron. En el siguiente gobierno se creó un plan de reforestación como justificación del gasto, pero, ¿quién monitoreó efectivamente el cuidado de esos bosques?
El conflicto armado interno termino hace tres décadas, pero Guatemala continúa pagando adeudos extemporáneos e indocumentados. El gran defecto del decreto del 2024 es que a pesar de tantas dudas sobre la legitimidad del reclamo, no fijó una condición perentoria, para cerrar de una vez por todas este grifo demagógico. Pero más que un error parece un limbo malintencionado. Y para más evidencia del desinterés por la mejora comunitaria, solo hay que observar la baja ejecución de los fondos arrastrados por los Consejos Departamentales de Desarrollo.
En este momento, grupos de diputados empujan el nuevo bolsón, no porque les importe el honor o el patriotismo que se invoca en la iniciativa de marras, escrita en lenguaje condescendiente y sin establecer criterios técnicos sobre el financiamiento del plan. Tal vez si dijeran que para financiar los nuevos pagos van a renunciar al ilícito autoaumento que se recetaron para dedicarlo a tal fin, tendría cierta coherencia. Pero no lo harán. Solo andan cazando tratos electoreros, aprovechándose de la pobreza y exacerbando la polarización.
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