A 15 meses de haber comenzado, supuestamente, la investigación sobre la compra de vacunas rusas Sputnik V, de las cuales se vencieron, sin haberse usado, seis de cada 10 dosis, no hay datos de resultados tangibles, mucho menos capturas, y por ende no existen procesos judiciales. Mientras tanto, se sigue pagando —a costa del dinero de los contribuyentes— un alquiler de Q40 mil mensuales por los contenedores refrigerados en los cuales se almacenan los biológicos vencidos. La tardanza puede ser porque son tantos los frascos por revisar, porque no se tenga suficiente personal a cargo del conteo o porque el caso no representa todavía suficiente prioridad para la administración del Ministerio Público.

Según indica el vocero de la institución, la semana pasada aún no había finalizado el cotejo de 7 millones 783 mil 144 dosis vencidas que estaban guardadas en el Centro Nacional de Biológicos. El protocolo del Ministerio de Salud establece que estas deben destruirse al fenecer, pero las auditorías del MP y de la Contraloría General de Cuentas alargan el almacenaje por tiempo aún indeterminado.

Más allá de las fechas y detalles farmacológicos que la Fiscalía busque determinar, el problema de fondo no precisa tanto de conteos, sino de nombres de las personas involucradas, directa o indirectamente, en el aval de una compra tan lesiva, sin cláusulas a favor del Estado de Guatemala y con un extraño secretismo, en apariencia impuesto por los proveedores a un gobierno que suele vociferar, cuando le conviene, que no permite ninguna presión extranjera. Las grandes preguntas por responder van más allá de la cifra exacta de dosis perdidas: es necesario identificar quiénes fueron los involucrados en tan voluminoso y misterioso pedido.

El trato fue desventajoso desde el inicio, toda vez que se pagaron al contado Q677 millones pero las entregas se hicieron por abonos, sin un cronograma manejable de entregas y con un producto que requería de una cadena de frío para la cual el país no estaba preparado. Este factor terminó por impactar en la logística y el alcance de la administración del fármaco. A esto hay que sumar el costo por unidad y el desembolso adicional que el país debió hacer para posibilitar el transporte aéreo, que se tuvo que contratar por aparte. En dos platos: fue una negociación mala y a escondidas que no habría tenido lugar en un régimen de verdadera transparencia. Es allí donde se debe concentrar la deducción de responsabilidades.

Por si fuera poco, las Sputnik V se compraron pese a que no contaban con el aval de la Organización Mundial de la Salud respecto del cumplimiento de estudios clínicos. A la fecha todavía no se ha conseguido y es improbable que llegue a tenerse, dada la dinámica geopolítica observada desde hace seis meses con la invasión de Rusia a Ucrania. En todo caso, esto constituyó en 2021 un factor adicional de reticencia que incluso llevó al Gobierno a intentar culpar a la población de tantas dosis sin uso por no acudir a aplicárselas.

Las entregas irregulares se aceleraron de manera súbita en diciembre de 2021, ya que el contrato indicaba como fecha límite el 31 de ese mes. Para entonces habían llegado donaciones que las superaban en número y en confianza, ya que eran oficialmente aceptadas a escala internacional. Se le agota el tiempo a la Fiscalía para demostrar que no existe intención alguna de retrasar el caso por sus posibles implicaciones para funcionarios o exfuncionarios de la administración de Giammattei Falla.