El título de este editorial puede tener dos connotaciones complementarias entre sí: la primera es que la Transparencia en el manejo de recursos es un criterio unívoco, absoluto y no sujeto a parcialidades: existe o no. Así como no se puede decir que una persona es medio honrada o medio íntegra, un gobierno puede caracterizarse por su cuentadancia, por la apertura total de datos y la rendición de cuentas sobre el uso de recursos, en tiempo real. Las excusas sobran.

El otro sentido deviene precisamente de las intentonas de sucesivos gobiernos por presumir publicitariamente de un manejo eficiente de los recursos. Sin embargo, a la hora de destaparse faltantes, contrataciones discrecionales, dispendios, la carencia de registros actualizados o bien transferencias presupuestarias inexplicables, entonces les sobran excusas para tratar de salir del paso y esgrimir explicaciones en jerga burocrática.

Es el caso de los Q135 millones de la Dirección General de Caminos del Ministerio de Comunicaciones, relocalizados desde diversos rubros de gasto donde supuestamente no se utilizaban para transferirlos a otras áreas de obra pública, lo cual tendría lógica si se detallara con claridad a qué proyectos van dirigidos y adjudicados a qué contratista. Por otra parte, se intenta excusar tal movimiento al afirmar que no se trata de dinero en sí, sino de “espacios presupuestarios”, pero aún así no existe certeza sobre su finalidad última.

Tanto el ministro de Comunicaciones, Josué Lemus, como el director de Caminos, Fredy Chojolán, declararon en citación parlamentaria, el lunes último, que desconocían el destino de la transferencia. Peor aún, este último argumentó que estaba suspendido por covid-19 al momento de efectuarse tal trámite burocrático y denunció la falsificación de su firma en el Ministerio Público. Finanzas, sin embargo, deslindó responsabilidades al señalar que se verifican firmas autorizadas y que el director de Caminos sí pidió el traslado. Hay excusas y versiones de sobra.

El tema de fondo es la capacidad real de las actuales autoridades de Comunicaciones para controlar el manejo transparente de recursos, sobre todo a las puertas de la discusión del presupuesto para el 2021, que les depara poco más de Q10 mil millones, lo cual duplica sus actuales recursos. ¿Quién garantiza que no habrá más transferencias sin respaldo o vulnerables a supuesta falsificación de firmas? ¿En dónde se encuentran esos Q135 millones, electrónicos o en efectivo? ¿en qué se invertirán? ¿y cómo auditar hasta el último centavo?

Flota todavía en el ambiente el decomiso de Q122 millones, el 16 de octubre, en una casa de Antigua Guatemala, vinculada con el extitular del CIV José Benito, hoy prófugo. No se conoce el fin que tenía ese botín ilícito, pero se intuyen prosaicas finalidades para tal monto en efectivo, el cual recordó aquella habitación llena con Q100 millones, descrita en el testimonio de la exasistente del exministro de Comunicaciones Alejandro Sinibaldi, hoy procesado por varios delitos.

Es sospechoso eso de los Q135 millones cuya movilización es explicada por uno y negada por otro, pero no es el único asunto de transparencia objeto de cuestionamientos: todavía no se han aclarado las plazas de asesores que originaron la salida de la anterior ministra de Cultura o el descontrol sobre el uso de las donaciones internacionales para atender la pandemia de covid-19. Sobran las excusas.