Ya comenzó la cuenta regresiva para la convocatoria a elecciones generales que el Tribunal Supremo Electoral hará en menos de tres semanas. Suenan ya las proclamaciones de algunos precandidatos presidenciales, ediles y legislativos, aunque la mayoría de lanzamientos aún está pendiente. Mientras tanto se presentó un plan de seguridad interinstitucional para el proceso eleccionario que ya anticipa riesgos de conflictividad en varios municipios, aunque la lista divulgada no incluye a varias localidades fronterizas y costeras, codiciadas por mafias del crimen organizado y narcotráfico.

La declaración de intenciones parece buena, pero algunas de las mayores vulnerabilidades del proceso continúan abiertas debido a la laxitud y parsimonia del propio TSE: partidos que debieron ser cancelados por incumplir las reglas de financiamiento siguen campantes y prácticamente exculpados, nefastos precedentes de impunidad que solo aumentan el riesgo de penetración de dinero sucio, sobre todo en áreas en las cuales existen corredores de contrabando de mercancías, drogas y personas. Grupos oscuros hacen fuertes apuestas por uno, dos o más aspirantes para poder asegurarse espacios de maniobra, influencia y escucha de estrategias estatales.

Existe otra fuente abyecta de financiamiento: los réditos inmundos de la corrupción, ya sea por desvío de recursos, pagos por amaño de contratos u obras sobrevaloradas. Exfuncionarios señalados de irregularidades en su desempeño figuran ahora como dueños de partidos que carecen de propuestas programáticas, están ausentes del debate público y son solo cascarones electoreros oportunistas, clientelares, sin ideas distintivas. El TSE debe exigir, sin excusas, la entrega puntual de informes detallados de gasto.

En todo caso, sobre los comités centrales y municipales de tales organizaciones pesa otra fuerte obligación: demandar a todos sus afiliados el debido respeto hacia los integrantes de otros partidos, sobre todo cuando comience la etapa de promoción de candidatos. Es posible cuestionar acciones, planes e ideas, como parte del debate público al cual están obligados, pero en un clima de paz, con espíritu constructivo y actitud de respeto, desde ya, hacia los resultados oficializados. Si existen denuncias de malas prácticas o impugnaciones, para ello están las instancias del TSE. El respeto a la institucionalidad puede reducir en buena medida los riesgos de incidentes.

Al final de cuentas, lo más importante es propiciar la solución de desafíos nacionales del desarrollo y para ello deben propiciarse los espacios de propuesta y debate, centrados en los temas técnicos y no en egos. La presentación de cuadros profesionales, análisis fundamentados en cifras reales y compromisos éticos de rechazo a la violencia pueden ser evidencia de una verdadera voluntad política en favor de un proceso pacífico.

Pero hace falta más que declaraciones de intenciones. Hace dos décadas, todos los partidos inscritos —buena parte de los cuales ya no existen— se comprometieron a impulsar prioridades del desarrollo en educación, salud, seguridad, fortalecimiento de la democracia y respeto a las garantías constitucionales. Aunque todos firmaron, todo quedó en mero discurso y apariencia políticamente conveniente. Aquel modelo de acuerdos básicos se debería retomar para establecer una agenda de Estado en favor del combate de la pobreza y la desnutrición, el impulso de la competitividad y la depuración estatal. Todo grupo que no sea capaz de comprometerse con acuerdos mínimos no merece llamarse político y solo exhibirá sus vacíos.