Una denuncia de la Contraloría General de Cuentas de la Nación en contra de exfuncionarios de la Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente, del gobierno pasado, se dio a conocer ayer. La queja se origina en la opaca ejecución de Q60 millones en compras de víveres, los cuales aparentemente fueron adjudicados de forma discrecional a proveedores que no tenían historial ni experiencia en la venta de productos alimentarios pero cuyo giro de negocios fue cambiado de súbito para poder venderle al Estado. Queda ahora en manos del Ministerio Público demostrar con una pesquisa eficiente la publicitada disposición a investigar denuncias de corrupción.

Apenas la semana anterior saltaba a la opinión pública el tema del contrato de vacunas, cuya negociación se hizo a espaldas de la ciudadanía pero también de instituciones clave, como la propia Contraloría o la Procuraduría General de la Nación. Dicha adquisición, por Q614 millones y que fue entregada de manera tardía, representó una pérdida para el erario, debido a que llegó cuando el país ya estaba abastecido con donaciones. Además, otras opciones de compra de vacunas se desecharon porque supuestamente exigían requisitos que atentaban contra la soberanía nacional, según se dijo en su momento. Cabe cuestionar si el innecesario hermetismo supuestamente exigido por los rusos no constituía acaso algo similar. Sobre esta pesquisa aún no hay resultado.

Están pendientes también las glosas en otros ministerios, como la ejecución de Q3 mil millones de botín electoral trasladados del presupuesto del 2022 al de 2023, de los cuales no quedaba nada para cuando ocurrieron emergencias viales como el hundimiento en el kilómetro 21, en Villa Nueva.

El gobierno de Bernardo Arévalo necesita presentar a la brevedad posible un cuadro general de grandes hallazgos iniciales, no solo para poder comenzar a trazar su propia estrategia de ejecución del gasto, sino para despegarse de cualquier apariencia de cacería de brujas: un cíclico conjunto de denuncias, señalamientos y endoso de culpas de cada inicio de gobierno. No quiere decir que sea malo señalar los omisos o acciones sospechosas de delito, pero con indicios suficientes sobre los involucrados, a fin de que la fiscalía correspondiente sea la que cargue con el compromiso de completar la persecución.

Esa es precisamente la inconveniencia que entraña la conducta evasiva de la fiscal general respecto de dos invitaciones presidenciales: una rechazada y otra mal simulada, porque se salió a los 15 minutos bajo invocaciones legaloides que no se le escuchaban al acudir a reunirse con previos mandatarios. Por otra parte, el Ejecutivo debe evaluar la conveniencia de continuar este ajedrez desgastante que ahora tiene otra jugada: la invitación de la fiscal Consuelo Porras a que el presidente Arévalo asista a una de sus reuniones de trabajo.

Además del combate de la corrupción, el país se enfrenta a la amenaza de grupos delictivos que asedian la frontera con México, del lado de Chiapas, así como también la continuidad de reyertas en el área de Nahualá exhiben el trasfondo criminal de la pugna. Si bien se utilizó una metáfora de ajedrez para evocar las acciones y reacciones del pulso Ejecutivo-MP, la situación es seria y sin tiempo que perder. El nuevo gobierno debe terminar de estructurarse y aún le faltan los gobernadores. El MP debe reconocer su realidad y desgaste, dejar de escuchar a corifeos polarizantes y empezar a enfocarse en sentar precedentes contra la corrupción a gran escala y el crimen organizado.