Editorial

Perversión del servicio público debe terminar

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La detención en EE. UU. del presidenciable Mario Estrada, del partido UCN, tras una vergonzosa negociación de financiamiento electoral ilícito con un cartel del narcotráfico, a cambio de la cual ofrecía colaboración para el trasiego de droga, causa sorpresa pero no asombra, puesto que son muchos los rumores a voces sobre la infiltración de sectores oscuros en el quehacer político. Lo alarmante es el alto nivel que alcanzan tales contubernios criminales.

Las redes ilícitas construidas en torno a caudillos regionales han constituido un lastre para el desarrollo institucional y humano del país, puesto que no les interesa en absoluto el progreso nacional. Tales alfiles locales son el enlace entre organizaciones criminales y estructuras partidarias nacionales, según lo detalló la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala en su informe Financiamiento de la Política en Guatemala, de 2015. Estas alianzas perversas aprovechan las potestades de autoridades electas para facilitar impunidad e incluso colaborar con delitos que van desde el tráfico de drogas hasta trata de personas, el contrabando, el robo y trasiego de combustibles y mercaderías, el abigeo e incluso secuestros y sicariato.

Resulta entonces penosamente lógica la persistencia del transfuguismo como negociación inmoral de un poder delegado, la instrumentalización de partidos como maquinarias electoreras divorciados de cualquier compromiso cívico y la resistencia de las bancadas legislativas a una reforma política y judicial integral.

Hace apenas dos años, en junio de 2017, se reveló el primer caso paradigmático de connivencia de figuras de alta jerarquía política con grupos criminales, cuando EE. UU. solicitó la extradición de la exvicepresidenta Roxana Baldetti —ya detenida por casos de corrupción—, a fin de que fuera juzgada en ese país por asociación delictiva y narcotráfico. Baldetti habría negociado seguridad y prebendas con el cartel de los Zetas durante la campaña electoral del Partido Patriota en 2011. A cambio, ella utilizó su investidura para facilitar el trasiego de estupefacientes. Pero no es la primera figura política vinculada con este tipo de delito. Recientemente, el Departamento de Estado incluyó en su escueta lista de políticos corruptos al diputado Arturo Ubico, quien actualmente busca la reelección con el partido Todos, pese a que cumplió una condena por narcotráfico en en EE. UU.

La caída de Mario Estrada y Juan Pablo González Mayorga, señalados de conspirar para traficar cocaína, es un logro de la Agencia Antidrogas de EE. UU. y la Fiscalía de Nueva York, pero es el indicio para comenzar un serio examen sobre las implicaciones de su caso y las relaciones que ambos hayan sostenido con políticos en los últimos años. Su detención es una seria advertencia sobre el peligro mortal para la democracia que representa la corrupción de funcionarios públicos, a todo nivel, ya que tarde o temprano se convierten en una puerta abierta a los grupos criminales. Por ello es tan importante el apoyo a la tarea de la misión de la Unidad de Fiscalización del Financiamiento de Partidos del Tribunal Supremo Electoral, lo cual no constituye ni intromisión ni intervención. Todos los candidatos deberían abrir sus libros contables e historiales a la auditoría ciudadana, a fin de demostrar que no son calcos de Estrada o Baldetti, con diferente color y logotipo, pero con las mismas intenciones y perversiones de la vieja política.