No existen palabras suficientes para definir, describir o atisbar el dolor experimentado por las familias impactadas por la tragedia de Nahualá, Sololá, donde murieron 17 personas y se encuentran entre la vida y la muerte más de 20, a causa de una infausta confluencia de factores, entre ellos un accidente previo, una comunidad reunida de forma solidaria, un piloto que conducía de noche a alta velocidad, sin luces, y la falta de un protocolo preventivo por parte de los agentes policiales para advertir a otros conductores, en ambos sentidos.

En todo el país y más allá de las fronteras se generó una masiva reacción de solidaridad con las víctimas del accidente ocurrido en el kilómetro 159.5 de la ruta Interamericana, que una vez más dispara alarmas sobre la forma como se ejerce la responsabilidad de conducir automotores de todo tipo. En los tres últimos meses ha sido notoria la cauda de muertos por busazos, colisiones de tráileres y mortales percances de vehículos livianos de pasajeros; ayer mismo, un picop se despeñó por un abismo de 200 metros en un camino de la aldea Tuichum, entre San José Ojetenam y Concepción Tutuapa, San Marcos. Seis personas murieron y nueve quedaron gravemente heridas.

Ciertamente, el infausto suceso de Nahualá reviste características particulares. Primero porque hubo un incidente previo: un líder comunitario pereció al ser arrollado por un vehículo y un grupo de pobladores se encontraba en la carretera, posiblemente a la espera del Ministerio Público, confiado en que los autos disminuirían la velocidad, lo cual acrecentó la cifra de víctimas mortales. Según relatos de sobrevivientes, el camión iba raudo y sin reflectores, lo cual no dio oportunidad de reaccionar.

Infortunio e imprudencia al conducir se cruzaron en un sino lamentable. Sin embargo, el luto por causa de accidentes de tránsito es muy alto en el país. Según estadísticas oficiales, durante el 2018 ocurrieron 6 mil 480 percances: 17 diarios, no todos letales. Aun así fallecieron 2 mil 644 personas a causa de traumatismo por percances viales de todo tipo: siete al día, en promedio. El Inacif practicó cada tres horas una necropsia relacionada con este tipo de fallecimientos, con lo cual los hechos de tránsito constituyen la segunda causa de muerte trágica en el país, superada solo por las agresiones con armas de fuego.

Un dato especialmente alarmante: el 48 por ciento de fallecidos en calles y carreteras ni siquiera conducían o iban a bordo de un vehículo, porque se trataba de peatones y ciclistas que fueron arrollados por motocicletas, automóviles, camiones o tráileres. Para completar este lamentable cálculo, un 31 por ciento de las víctimas mortales eran conductores y otro 13 por ciento, acompañantes.

En cada Semana Santa se convierten en motivo publicitario oficial las declaratorias de alerta y prevención, debido al alto volumen de vehículos que se desplazan por las carreteras del país. Al final de este período se anuncia, como logro, la reducción de percances y de víctimas, pero una vez pasada la temporada, todo vuelve a una suerte de inercia locomotiva. Las cifras del último año no mienten. En solo tres días promedio del 2018 se supera la cauda mortal de Nahualá, que de por sí perturba, impacta y conmueve. Entonces la pregunta es: ¿por qué, si se trata de una situación que en todo el año genera tanto luto, dolor y muertes, todavía no se toman las medidas preventivas y correctivas necesarias para crear una política nacional permanente e integral de seguridad vial?