Desde el proceso electoral del 2015, con oficiosidad, zalamería y una gran remesa de ofrecimientos, los presidenciables y sus combos de acompañantes se afanan y ufanan en “tomar en cuenta” a los guatemaltecos radicados en Estados Unidos, como parte de sus respectivas campañas llenas de promesas a la medida, pero vacías de convicciones. No faltan ciertos oportunistas que se autonombran representantes o se proclaman como supuestos líderes migrantes, con el afán de buscar una curul en el Congreso, y una vez instalados las preocupaciones de los compatriotas pasan a cuarto o quinto plano porque les interesa más ser corifeos, aduladores o simples alfiles que levantan la mano a su conveniencia.

Reza bien aquel decir popular de “quien no te conozca, que te compre”, y en efecto, tales politiqueros logran colocarse en cargos de elección tras venderse como algo que no son, y para ello cuentan con la ayuda del sistema de listados nacional y distrital, que a estas alturas de la democracia más parecen una estafa legalizada que un verdadero ejercicio de libre y competitiva selección. En todo caso, los comicios del 2023 acentuarán la importancia de los connacionales radicados en EE. UU., no solo porque se espera mayor participación en urnas, sino porque su aporte económico constituye un pilar fundamental para las políticas económicas de cualquier gobierno.

Dado su papel crucial en las finanzas nacionales por el envío creciente de remesas familiares en dólares, los guatemaltecos migrantes deberían recibir un mejor servicio por parte del Estado de Guatemala en cuanto a apoyo legal, trámites, emisión de documentos y defensa de intereses colectivos.

Por eso mismo da grima y vergüenza saber que un migrante guatemalteco que solicita una audiencia consular para solventar asuntos urgentes y perecederos, como puede ser el trámite de un asilo, una residencia o un simple y común pasaporte, pueda demorar hasta un año en ser atendido. Además de eso, existen individuos aprovechados que, en contubernio con funcionarios, ofrecen asesorías, llenado de formularios o servicios de mensajería a precios exorbitantes.

Sin ir más lejos, el Consejo Nacional de Atención al Migrante lleva varios años de ser un repositorio burocrático anodino, cuya ejecución de fondos es lenta, deficiente y mayoritariamente dedicada al pago de plazas y también de indemnizaciones o compensaciones cobradas por la vía judicial. En muchos casos estas demandas provienen de empleados colocados por conectes de turno y al llegar una nueva administración son removidos y sustituidos por otros adláteres, lo cual comprueba las deficiencias institucionales. A la larga ¿quién padece estos fallos funcionales? Aquellos a quienes supuestamente deberían servir con calidad, con cercanía y celeridad. Las excusas para que esto no ocurra sobran.

Desafortunadamente, las perspectivas no son halagüeñas. El Instituto Guatemalteco de Migración sigue sin solucionar el problema de la emisión de pasaportes en el país. Desde que el ministro, hoy reo, Mauricio López Bonilla retornó este proceso a manos del Estado, las crisis han sido sistemáticas y crecientes. Absurdas filas de madrugada, venta de turnos, desabasto periódico de cartillas y concursos opacos para aprovisionarse de estas figuran en un macabro círculo vicioso que deja muy pocas esperanzas para quienes se encuentran en fronteras lejanas.