“¿Dónde está el dinero? ¿Hay mejores carreteras? ¿Hay más salud? ¿Hay más seguridad? ¿Hay menos desnutrición? Entonces, ¿dónde está el dinero?”, cuestionaba con vehemencia, en el 2011, un candidato presidencial, que hacía el llamado al presidente y funcionarios a pagarse sus propios gastos y dedicar el dinero a la inversión pública. Se trata de una crítica que también han hecho otros candidatos, previos y posteriores, con el histrionismo de las cíclicas campañas electoreras: un carrusel de ofertas maquilladas por asesores nacionales o extranjeros, expertos en la demagogia y la manipulación, a quienes lo que menos importa es una auténtica agenda de Estado, solo les interesa que gane su cliente, para irse a otro país a vender tretas mediáticas.

Entretanto, los ciudadanos que apostaron por el caballo ganador y hasta celebraron su triunfo se dan cuenta paulatinamente del fiasco, quien prometió lucha anticorrupción la desmantela, quien ofreció eliminar entidades inútiles las mantiene y hasta crea otras aun más inútiles, a la medida de sus allegados. Algo similar pasa con diputados que se dicen fiscalizadores, con discurso moralista y todo, pero que siguen almorzando, cenando, refaccionando y pagándose comilonas en lugares finos y gasolina para sus comitivas de vehículos, con un dinero que podría servir para muchas mejores raciones de comida en una escuela, en un hospital, en un centro nutricional.

Los números son elocuentes y dan cruda cuenta de la rapiña que se ha cebado con los recursos aportados por los guatemaltecos: en los últimos 20 años, a pesar del aumento constante del monto de presupuestos de gastos, siempre bajo pretextos de supuesta mejora, sigue estancada la inversión.

De cada Q100 gastados a lo largo de los últimos 20 años, Q75 han ido para gastos de funcionamiento, muchos de los cuales incluyen abultados sueldos de funcionarios, asesores, cargos innecesarios y hasta plazas fantasma. Solo una cuarta parte de los recursos públicos generados por los guatemaltecos se han utilizado para inversión en infraestructura vial, educativa, de salud y otros espacios de desarrollo.

Y si acaso parece poca esa proporción, la efectividad de lo invertido es aún más reducida, debido a los proyectos mal hechos, las obras inconclusas, las carreteras, institutos, hospitales, comisarías, puentes, puertos y mejoras para la competitividad comercial y turística que no se han efectuado, a nivel municipal, departamental y nacional. Mientras tanto, la burocracia sigue creciendo, la carga de sueldos de funcionarios aumenta sin que se tenga un mecanismo transparente de contratación y exigencia de rendimiento. El Presupuesto del 2022 trae la misma receta amañada de dos décadas anteriores, y con el pecado original de más deuda pública para su financiamiento. El oficialismo legislativo ya se encargó de pactar la aprobación de una nueva piñata, más grande y más gorda que las anteriores; total, el pueblo paga.

Solo la ciudadanía responsable y consciente puede hacer algo ante este escenario: de inmediato puede exigir cuentas a sus diputados distritales, sobre las iniciativas que ha presentado y apoyado. Y si no ha hecho nada de beneficio para nadie, excepto para sí mismo y su camarilla, existe un ciclo de elecciones en menos de dos años, en el cual se debe identificar a qué partido se va a esconder y qué presidenciable lo va a cobijar, por una módica suma. La ciudadanía debe exigir otra ruta de país.