Si la política ambiental del actual gobierno hubiese sido un conjunto de acciones coherentes, sostenidas e integradas a otras prioridades del Estado, por ejemplo en cuanto a la protección de los bosques, el resguardo de reservas naturales nacionales, la conservación de cuencas fluviales y lacustres, la reducción de emanaciones de dióxido de carbono, el manejo del agua o el tratamiento a los desechos líquidos o sólidos, no sonaría tan sospechoso y extemporáneo el súbito anuncio, a cuatro meses del fin del período, de un acuerdo gubernativo que prohíbe la utilización de utensilios plásticos desechables.

Es cierto que se necesitan regulaciones para frenar la proliferación de basura de todo tipo, es cierto que las imágenes de desechos plásticos en el océano son dantescas y es cierto que este tipo de material debería ser objeto de estrictos procesos de reciclaje y transformación, pero no son las únicas acciones para generar un impacto ecológico efectivo. Muy poco se hace por dotar de más fondos y equipo a los escasos guardias de las áreas “protegidas”, muy poco se hace para potenciar el ecoturismo comunitario a fin de motivar a las comunidades a custodiar los recursos ecológicos como un interés propio, muy poco se ha hecho para frenar la tala inmoderada —incluyendo maderas preciosas— que a menudo se disimula e incentiva bajo supuestas licencias forestales otorgadas por el propio Ministerio de Ambiente.

Más pareciera que el lanzamiento del acuerdo, hecho a una hora inusual en viernes, fue una ocurrencia de última hora para desviar la atención sobre otros temas o quizá para tener un supuesto logro —porque la prohibición cobraría vigencia hasta dentro de dos años— para que el presidente Jimmy Morales pueda eventualmente incluirlo como parte de su último discurso como mandatario en la Asamblea de las Naciones Unidas, pues en la previsión gubernamental de su viaje se anuncia que también expondrá temas ambientales.

Bien podría haber expuesto acerca del combate a los desvíos de ríos, pero sobre esa materia que impacta a pueblos enteros del sur y oriente del país no ha existido una sola acción. También pudo anunciar la declaratoria como santuario natural protegido de la cuenca El Mirador, con su incomparable riqueza arqueológica y de biodiversidad, pero ello tampoco ha ocurrido. O quizá pudo ser un buen tema el apoyo sin precedentes al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología para el desarrollo de investigaciones sobre energías renovables y reciclaje de todo tipo de desechos, orgánicos e inorgánicos, pero infortunadamente sigue siendo una entidad con recursos muy limitados. Existen iniciativas que buscan una sustitución gradual del uso del plástico en comunidades, ejecutadas de común acuerdo con los pobladores y comerciantes. Además, se necesita involucrar a las universidades del país y a los gobiernos de la región en la búsqueda de mecanismos de protección medioambiental.

Guatemala necesita acciones de protección a los recursos naturales sobrevivientes, pero no se puede tratar de ocurrencias súbitas o tareas que se dejan bajo la puerta del gobierno siguiente. A la vez, cabe mencionar que la prohibición total del uso y comercialización de bolsas y utensilios de plástico o duropor tendrá impacto económico directo que se traducirá en pérdida de al menos 19 mil plazas de trabajo en las industrias fabricantes, así como efectos indirectos sobre otras actividades comerciales y productivas, cuyos costos de oportunidad, impacto social y alternativas viables deben ser evaluadas.