La Política Migratoria de Guatemala fue presentada ayer, en el último Día Internacional del Migrante de este gobierno. Cabe preguntar si por ser este un tema de actualidad y amplias implicaciones en salud, seguridad y derechos humanos acaso no debió ser abordado y consolidado de manera más rápida. El vicepresidente Guillermo Castillo, quien por ley dirige la Autoridad Nacional Migratoria (ANM), adujo que fue complicado coordinar el trabajo de una treintena de entidades involucradas y es el Instituto de Migración el ente rector de la política presentada.

El tránsito de migrantes en el país no es nuevo, pero sin duda alguna se visibilizó fuertemente con las caravanas de 2018, las cuales eran de hondureños, luego de centroamericanos y después de sudamericanos, entre quienes también se cuelan grupos de africanos, asiáticos, cubanos y haitianos. A la vez, el éxodo de guatemaltecos hacia Estados Unidos también continúa, así como las deportaciones, desde antes que asumiera el gobierno saliente, por lo cual es válido señalar el retraso de dicha política. De hecho, en octubre se anunció su aprobación, pero se presentó dos meses después, quizá para poder hacer oficial algo en una fecha en la cual suelen hablar las cifras adversas en la materia.

Al acto de lanzamiento asistió también la vicepresidenta electa, Karin Herrera, sobre quien recaerá iniciar la ejecución de esa política en favor de los migrantes en tránsito por el país, así como de los connacionales. Quizá puede ayudar la avenencia del binomio que tomará el mando del Ejecutivo en 26 días, a cambio de las públicas diferencias que marcaron un hosco distanciamiento entre el mandatario Alejandro Giammattei Falla y el vicepresidente Castillo.

Expertos señalan que la Política Migratoria nace con muy pocos recursos para implementar los objetivos trazados en papel. Solo cinco entidades de las más de 30 involucradas cuentan con fondos para afrontar las acciones de atención a migrantes extranjeros y guatemaltecos. De hecho, al Congreso de la República, en su alocada, dispendiosa e inconsecuente aprobación del presupuesto del 2024 —suspendido ayer por la Corte de Constitucionalidad—, poco le importó que la política migratoria estuviese lista desde octubre. Quizá ni se dieron cuenta.

En todo caso, si se va a mejorar el registro y auxilio a personas que cruzan territorio guatemalteco en ruta a Estados Unidos, también deberían existir indicadores muy claros y plazos muy exigentes para la implementación de mejores protocolos de atención a los connacionales en ese país. También es necesario revisar las acciones del Consejo Nacional de Atención al Migrante (Conamigua), que hasta ahora tenía delegado por ley ocuparse de tales funciones. Cabe incluso preguntar si con la nueva ANM tal cargo debe ser suprimido y sus fondos adscritos a la entidad ahora dependiente de la Vicepresidencia.

La nueva política, al depender de la interacción de tantas instituciones estatales, corre el peligro de convertirse en un nuevo foco de cargos burocráticos que solo consumen presupuesto sin rendir cuentas de resultados; los controles de aplicación de la política pueden ayudar a frenar abusos policiales, sobre todo en áreas fronterizas, donde existen retenes que cobran un ilícito derecho de paso y a quienes no tienen con qué pagar los reportan como “deportados”; peor aún, operan mafias que tienen copados hoteles completos de ciudades como Esquipulas, desde las cuales parten convoyes expresos de trata; eso sí, con prepago y exacción.