Estados Unidos
EDITORIAL
Postuladora ninguneó la exigencia ciudadana
La intención de influir en estos procesos es evidente.
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Todas las aprensiones que fueron surgiendo a lo largo de dos décadas acerca del afán por fundar universidades con carrera de Derecho se confirman en cada comisión de postulación que involucra a decanos de esa carrera. La intención de influir en estos procesos es evidente y hasta hay otras “casas de estudio” en salmuera, al punto de hacer prácticamente obsoleta la Ley de Comisiones de Postulación. La excesiva influencia del gremio abogadil —que esta vez dejó fuera a las profesiones afines, pese a ser integrantes del Colegio de Abogados— en los destinos del país, llama a una discusión pública sobre nuevos mecanismos para buscar la transparencia, la idoneidad y la honorabilidad de perfiles.
Se supone que se confió esta labor a los académicos del Derecho por el conocimiento de la ley, pero a la luz de los sospechosos resultados en la nómina para magistrados del Tribunal Supremo Electoral, más bien parece que primó el desconocimiento o la deliberada elusión de exigencias, claramente plasmadas y evidentemente ignoradas, sobre todo la “reconocida honorabilidad”, estipulada en la Carta Magna.
Diversos sectores ciudadanos expresaron, exhortaron, solicitaron a la Comisión de Postulación de TSE que efectuara una labor objetiva, con mecanismos técnicos de gradación; que abordara con criterio exigente la evaluación de capacidades, experiencia, pero sobre todo la honorabilidad de los aspirantes. Se pidió razonar de viva voz el apoyo de cada aspirante al que nominaran, en un ejercicio profesional de debate para emitir un juicio ético que asegurara la mejor criba de perfiles. Se pidió poner atención a las tachas, que fueron solicitadas, pero cuya evaluación no pasó de ser una lectura sorda. ¿Para qué pidieron tachas si las ignoraron?
Y es así, de forma lamentable, mediocre, artera, por salir del paso que la comisión tuvo, como reza el viejo dicho “arranque de caballo andaluz y parada de macho calero”, que podrá ser de otro tiempo, pero con una dura actualidad. Se ufanan de cumplir el cronograma, pero dejaron fuera la exigencia de integridad total. Más de la mitad de la nómina tiene tachas e incluso hay un aspirante incluido en la Lista Engel de actores corruptos de los Estados Unidos. El sistema de selección fue de votos, como si estuvieran eligiendo jugadores para una chamusca y no para integrar la entidad que regirá los próximos comicios, que tendrá a su cargo poner en cintura a los partidos políticos, exigir finanzas libres de dinero sucio y controlar al tropel de politiqueros demagogos que ya se robaron la salida, para empezar.
Tal situación lleva a preguntar: ¿Y qué enseñan en esas facultades universitarias de Ciencias Jurídicas? ¿Enseñan a mantener la mediocridad por encima de la exigencia ética? ¿A invocar el nombre de Guatemala para intentar dar apariencia de legalidad a bodrios malhechos? ¿Enseñan a quedarse callados ante los chanchullos lesivos? ¿A vender güizachadas como entelequias carentes de legalidad? ¿Quizá hay hasta clases magistrales de cómo negar la propia ocupación religiosa, cual fariseo, para poder infiltrarse en un ente de decisión pública? ¿Enseñan a imponer el interés de grupúsculos por encima del bien común?
Porque al ver la chambonada de nómina, es evidente que debajo de las asignaturas formales hay oscuros maestros del amaño, la indolencia y la doble cara. Y si no es así, si dicen formar profesionales íntegros, comprometidos con el servicio a los guatemaltecos y respetuosos de los más altos valores, entonces no hay que estudiar allí, porque como dijo el Maestro de Galilea en Mateo 23,3: “Ellos no hacen lo que dicen”.
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